Vanessa Pereyra pidió esclarecer las muertes de los militares en Fray Bentos y advirtió sobre posibles fallas de seguridad.

La edila de Sarandí del Yí reclamó una investigación exhaustiva sobre la tragedia ocurrida durante una actividad militar en el río Uruguay, en la que falleció el cabo primero Leandro Gómez, oriundo de su ciudad, junto a otros dos efectivos. Señaló presuntas irregularidades en las medidas de seguridad y pidió determinar responsabilidades. En una segunda intervención, abordó la problemática de las personas en situación de calle y destacó una iniciativa del MIDES orientada a la inclusión sociolaboral en el medio rural.

por Enrique Antonio

La edila Vanessa Pereyra dedicó la primera parte de su intervención en la Junta Departamental de Durazno a la tragedia militar ocurrida en Fray Bentos, que provocó la muerte de tres efectivos del Ejército Nacional, entre ellos el cabo de primera Leandro Gómez, integrante del Regimiento de Caballería Blindado N.º 2 de Durazno y oriundo de Sarandí del Yí.

La representante departamental expresó su profundo pesar por lo sucedido y destacó que la pérdida tiene un significado especialmente doloroso para los habitantes de Sarandí del Yí, donde Gómez era conocido y formaba parte de la comunidad.

“Era un joven de los nuestros, de esos que forman parte de la vida cotidiana de nuestro pueblo. En comunidades chicas como la nuestra, cuando un vecino pierde la vida, el dolor nos atraviesa a todos”, manifestó.

Pereyra sostuvo que el primer deber de las instituciones es acompañar a las familias y preservar la memoria de quienes perdieron la vida, pero consideró igualmente necesario que las circunstancias del episodio sean investigadas con absoluta transparencia.

Condolencias a las familias y un pedido de respeto por las víctimas

Durante su exposición, la edila recordó a los tres militares fallecidos: el cabo primero Leandro Gómez, el alférez Matías Basella y el cabo primero Juan Rocha.

Transmitió sus condolencias a los familiares y seres queridos de los efectivos y expresó sus deseos de pronta recuperación para el teniente segundo Brian Ruiz, también involucrado en el episodio.

Pereyra dedicó palabras especiales a Leandro Gómez, a quien describió como un joven apreciado en Sarandí del Yí.

“En Sarandí, a Leandro se lo va a recordar siempre por lo que fue: un buen hijo, un padre afectuoso, un camarada íntegro y una gran persona”, expresó.

La edila pidió que el tratamiento público de la tragedia se desarrolle desde el respeto a las víctimas y sus familias, evitando especulaciones que puedan profundizar el dolor.

Sin embargo, señaló que ese mismo respeto exige conocer con precisión qué ocurrió y establecer si existieron errores o incumplimientos en los procedimientos de seguridad.

Cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del operativo

Uno de los puntos centrales de su intervención estuvo relacionado con la información preliminar que, según indicó, fue proporcionada por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército.

Pereyra mencionó tres elementos que consideró especialmente preocupantes: la ausencia de un reconocimiento previo del terreno acuático, la presencia de boyas no identificadas y la falta de equipamiento reglamentario de seguridad, como cuchillos de rescate.

A su entender, estos aspectos plantean interrogantes importantes sobre las condiciones en que se desarrolló la actividad militar.

“Estos elementos señalan fallas operativas y de seguridad que no pueden pasarse por alto”, afirmó.

La edila valoró la disposición de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, de habilitar los mecanismos institucionales de investigación tras conocerse el episodio.

No obstante, insistió en que tanto la investigación administrativa como la causa judicial en Fray Bentos deben avanzar hasta esclarecer completamente los hechos.

En particular, reclamó que se determine si existieron responsabilidades administrativas o penales dentro de la cadena de mando.

Sus afirmaciones sobre las posibles fallas de seguridad fueron planteadas en el marco de investigaciones que, según su exposición, todavía debían establecer las circunstancias y responsabilidades correspondientes.

 «Esclarecer la verdad no es atacar a las instituciones»

Pereyra sostuvo que investigar lo sucedido no debe interpretarse como un cuestionamiento al Ejército Nacional, sino como una obligación del Estado hacia los efectivos fallecidos y sus familias.

“Esclarecer la verdad no es atacar a las instituciones, es una obligación de honor del Estado con Leandro y sus compañeros”, expresó.

La edila remarcó que quienes integran las Fuerzas Armadas y cumplen tareas de servicio deben contar con las condiciones de seguridad y los elementos de protección adecuados.

En ese sentido, consideró indispensable que las investigaciones permitan identificar eventuales responsabilidades, pero también adoptar medidas para prevenir episodios similares.

Al finalizar este primer planteo, solicitó que sus palabras fueran remitidas a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y a la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Durazno.

La situación de calle como una vulneración de derechos humanos

En la segunda parte de su intervención, Vanessa Pereyra abordó una problemática diferente, aunque también vinculada con la protección de los derechos humanos: la situación de las personas que viven en la calle.

La edila hizo referencia a la sexta Conferencia sobre Situación de Calle en América Latina, prevista para desarrollarse en Uruguay la semana siguiente a su intervención.

Consideró que la realización de este encuentro internacional representa una oportunidad para analizar una de las realidades sociales más complejas de la región.

“No estamos hablando simplemente de un congreso académico más, estamos hablando de un espacio fundamental para poner sobre la mesa una de las realidades más duras y complejas de nuestras sociedades”, señaló.

Pereyra sostuvo que vivir en la calle implica mucho más que carecer de una vivienda, ya que también supone la pérdida de vínculos, el desarraigo, el deterioro de la salud física y mental y la exposición a múltiples formas de exclusión.

“Vivir en la calle significa la vulneración sistemática de todos los derechos humanos”, expresó.

La edila consideró que el encuentro permitirá conocer investigaciones, diagnósticos y experiencias desarrolladas en distintos países de América Latina, que podrían contribuir a mejorar las respuestas institucionales.

Sin embargo, advirtió que la reflexión académica debe traducirse en políticas públicas concretas.

Destacó un programa del MIDES para la inclusión sociolaboral en el medio rural

 En ese contexto, Pereyra valoró el programa Habitar, Convivir y Producir, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), orientado a generar experiencias de convivencia, capacitación e integración sociolaboral en el medio rural.

Según explicó, la propuesta contempla proyectos inicialmente previstos en departamentos como Colonia, Maldonado y Río Negro.

La iniciativa busca ofrecer a personas en situación de calle oportunidades para desarrollar actividades vinculadas al trabajo de la tierra, adquirir herramientas laborales y reconstruir sus proyectos personales.

Pereyra destacó especialmente que la participación en estas experiencias es voluntaria.

“La inclusión no se logra desde la imposición ni desde el estigma, sino ofreciendo herramientas reales de trabajo e integración”, sostuvo.

A su entender, este tipo de iniciativas permite pensar respuestas que vayan más allá de la atención inmediata en refugios y que incorporen oportunidades de autonomía, formación y convivencia.

La edila consideró necesario avanzar hacia políticas que contemplen las causas estructurales de la situación de calle y las diferentes circunstancias que atraviesan las personas afectadas.

Solicitó trasladar sus planteos a organismos nacionales

Al concluir su exposición, Pereyra pidió que sus consideraciones sobre la situación de calle fueran remitidas al Ministerio de Desarrollo Social, al Congreso de Intendentes, a la coordinación de la sexta Conferencia sobre Situación de Calle vinculada a la Universidad de la República y a la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *