La creación de la comisión recibió el respaldo de todos los ediles. En la fundamentación, mientras algunos representantes sostienen que existen irregularidades en el contrato firmado por la Intendencia de Durazno, otros defienden la legalidad del procedimiento y aseguran que no hay nada que ocultar. Gabriel Díaz Landoni incorporó nuevos cuestionamientos sobre los estatutos de la fundación y la situación de los trabajadores contratados.

por Enrique Antonio

La Junta Departamental de Durazno aprobó la conformación de una comisión investigadora para analizar la contratación de la Fundación FREE por parte de la Intendencia. La decisión se produjo luego de que una comisión preinvestigadora emitiera un informe favorable a su creación, a partir de los cuestionamientos planteados sobre el procedimiento de contratación y las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República. Durante la fundamentación de los votos, ediles de diferentes sectores políticos respaldaron la investigación, aunque expresaron posiciones contrapuestas sobre la legalidad del vínculo entre el Gobierno Departamental y la fundación.

La instancia estuvo marcada por las intervenciones de Gabriel Díaz Landoni, Santiago Icasuriaga, Carlos Carrica y Carlos Torres, quienes coincidieron en apoyar la conformación de la comisión, pero expusieron argumentos diferentes. Mientras Díaz Landoni y Carrica señalaron posibles irregularidades administrativas y jurídicas, Icasuriaga y Torres defendieron la actuación de la Intendencia y manifestaron su confianza en que la investigación permitirá demostrar que el procedimiento se ajustó a la legalidad.

Díaz Landoni cuestionó los estatutos de FREE y advirtió sobre los trabajadores contratados

El edil Gabriel Díaz Landoni, uno de los impulsores de la investigación, recordó que la solicitud original de conformar una comisión preinvestigadora estuvo fundamentada en un informe del Tribunal de Cuentas de la República. Sostuvo que el planteo respondió a cuestiones estrictamente legales y rechazó que su iniciativa tuviera motivaciones político-partidarias.

“Nos basamos en un tema estrictamente legal, sin tinte político de ninguna naturaleza”, expresó. También destacó que los tres integrantes de la comisión preinvestigadora respaldaron la creación de la investigadora y manifestó su confianza en la honorabilidad de quienes asumirán la tarea.

Durante su intervención, Díaz Landoni incorporó un nuevo elemento al debate. Según afirmó, la Fundación FREE presentó ante el Ministerio de Educación y Cultura una solicitud de modificación de sus estatutos el pasado 14 de octubre. A partir de esa fecha, cuestionó declaraciones anteriores de integrantes del Gobierno Departamental que habían señalado públicamente que los trámites correspondientes ya estaban en curso.

El edil sostuvo además que el ministerio había formulado observaciones a la solicitud y afirmó que la fundación tendría dificultades para mantener su actual figura jurídica si pretendía desarrollar actividades de contratación de personal. En ese contexto, expresó especial preocupación por la situación de las personas que ya se encuentran trabajando mediante el mecanismo cuestionado.

“¿Qué pasa con la gente que ya está contratada?”, preguntó Díaz Landoni, quien sostuvo que los contratos carecerían de validez porque, según su interpretación, los estatutos de la fundación no la habilitan a contratar personal para esas funciones.

El representante departamental consideró que la comisión investigadora tendrá una tarea importante y que deberá actuar con rapidez, especialmente por las consecuencias que la situación podría tener para los trabajadores vinculados a la contratación.

 Otro integrante del partido Nacional defendió la contratación y aseguró que no hay nada que ocultar

El edil Santiago Icasuriaga fundamentó el voto favorable del Partido Nacional y sostuvo que su colectividad política nunca puso en discusión el respaldo a la creación de la comisión investigadora. Afirmó que existe confianza en la legalidad del procedimiento y en el trabajo que realizarán los integrantes designados.

“Nunca estuvo en discusión que el Partido Nacional no fuera a apoyar esta investigadora, porque estamos seguros de que no hay nada para esconder”, manifestó.

Icasuriaga también hizo referencia a la integración de la comisión y señaló que su partido aceptó la designación de un integrante que anteriormente había realizado cuestionamientos públicos a la Fundación FREE y presentado pedidos de informes sobre el asunto. Según explicó, el Partido Nacional decidió respaldar igualmente esa integración para evitar cuestionamientos sobre una eventual intención de modificar los nombres propuestos por otros sectores.

El edil expresó su convencimiento de que la investigación permitirá aclarar los procedimientos administrativos y confirmar la posición que sostiene su partido respecto a la contratación.

En una línea similar, Carlos Torres defendió el voto favorable del Partido Nacional y destacó que la decisión de habilitar una comisión investigadora no siempre se produce en otras juntas departamentales. Sostuvo que la bancada nacionalista acompañó la iniciativa porque considera que las actuaciones de la Intendencia fueron correctas.

“No tenemos duda de que acá no hay nada para esconder, está todo legal y, por lo tanto, demostraremos en la comisión investigadora, con toda la información que tenemos, que los pasos que se dieron fueron los correctos”, afirmó Torres.

Carrica sostuvo que el contrato no debió firmarse

Por su parte, el edil Carlos Carrica también fundamentó su voto favorable a la creación de la comisión investigadora y coincidió con los cuestionamientos jurídicos planteados por Díaz Landoni. Sostuvo que, a partir de la información disponible y de las consultas realizadas, considera que existen irregularidades administrativas en el procedimiento de contratación de la Fundación FREE.

Carrica manifestó que, a su entender, el contrato es nulo y que el intendente no debió haberlo firmado. Planteó que la investigación debe permitir esclarecer la situación y determinar las responsabilidades que correspondan, teniendo en cuenta los recursos económicos involucrados y las consecuencias que podría generar para quienes ya se encuentran trabajando.

El edil también cuestionó la necesidad de contratar una fundación para desarrollar tareas que, según sostuvo, históricamente fueron realizadas directamente por la Intendencia de Durazno. Señaló que la administración departamental ya contaba con mecanismos para contratar al personal necesario y expresó sus dudas sobre la conveniencia de recurrir a una organización externa para cumplir esas funciones.

“No creemos que sea necesaria, por lo menos en la Intendencia de Durazno, la contratación de una fundación, sea esta o cualquiera, para llevar las tareas que la Intendencia debe hacer y que siempre hizo”, expresó.

Carrica defendió además la función de contralor que corresponde a los ediles departamentales. Sostuvo que, si bien el Ejecutivo tiene la responsabilidad de administrar el departamento, los representantes electos también deben fiscalizar las actuaciones del Gobierno Departamental y velar por el uso de los recursos públicos.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que la comisión investigadora actúe con agilidad para despejar las dudas existentes. “Hay puestos laborales que están muy escasos en juego y el dinero de los contribuyentes también”, manifestó, al referirse a la importancia de esclarecer la situación de los trabajadores y de los fondos comprometidos.

Una investigación respaldada desde posiciones contrapuestas

 Las fundamentaciones de voto dejaron planteadas dos posiciones sobre la contratación de la Fundación FREE. Por un lado, Díaz Landoni y Carrica sostienen que existen elementos jurídicos y administrativos que justifican investigar el procedimiento, especialmente en relación con las habilitaciones estatutarias de la fundación, la validez de los contratos y la utilización de recursos públicos.

Por otro, Icasuriaga y Torres mantienen que la contratación se realizó conforme a derecho y que la información disponible permitirá demostrarlo durante el trabajo de la comisión. Ambos destacaron que el Partido Nacional acompañó la creación de la investigadora y defendieron la decisión de habilitar el análisis de las actuaciones del Ejecutivo Departamental.

Con la aprobación de la comisión investigadora, la Junta Departamental abre una nueva etapa en el tratamiento de la contratación de la Fundación FREE. El trabajo del órgano estará centrado en examinar el procedimiento cuestionado, mientras permanecen planteadas las diferencias entre los ediles sobre su legalidad y las interrogantes respecto a la situación de las personas contratadas mediante la fundación.