El edil Pablo Revello, de la Lista 90 del Frente Amplio, planteó que los partidos políticos puedan difundir gratuitamente sus propuestas en los medios audiovisuales, mediante espacios distribuidos con criterios de proporcionalidad. La iniciativa surgió a partir del debate nacional sobre los gastos de las juntas departamentales y la financiación de la actividad política.

por Enrique Antonio

El edil Pablo Revello, de la Lista 90 del Frente Amplio, propuso modificar el sistema de publicidad electoral en Uruguay mediante la prohibición de contratar anuncios políticos pagos en radio y televisión, sustituyéndolos por espacios gratuitos para que los partidos puedan presentar sus ideas y propuestas. Durante su intervención en la Junta Departamental de Durazno, sostuvo que los elevados costos de las campañas electorales constituyen uno de los principales problemas del sistema político y pueden generar incentivos para recurrir a fuentes de financiación irregulares.

El planteo surgió a partir de una noticia policial relacionada con la detención de una persona investigada por delitos vinculados al tráfico de drogas, figuraba como funcionario de confianza de un integrante de la Junta Departamental de Montevideo. Revello evitó centrar su exposición en el partido político o en las personas involucradas y prefirió abordar dos cuestiones que, a su entender, merecen una discusión más profunda: los recursos públicos destinados al funcionamiento de las juntas departamentales y los mecanismos de financiación de los partidos políticos.

Cuestionó los gastos de las instituciones

Revello consideró que el debate sobre los funcionarios en comisión, las secretarías y los gastos de combustible asociados a la actividad de los ediles debería abordarse con criterios de razonabilidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Sostuvo que es necesario encontrar un equilibrio entre las herramientas que requieren los representantes departamentales para cumplir sus funciones y los costos que esas estructuras representan para la ciudadanía.

En ese sentido, cuestionó las situaciones en las que los cargos políticos disponen de numerosos funcionarios o recursos que, a su juicio, exceden las necesidades de su tarea. Planteó que sería deseable alcanzar acuerdos amplios para establecer límites razonables, recordando que los recursos utilizados por los organismos públicos provienen de la población y deben administrarse con responsabilidad.

Sin embargo, el edil consideró que la discusión no debería detenerse únicamente en los gastos de funcionamiento de las instituciones. A su entender, también es necesario revisar cómo se financian las campañas electorales y qué consecuencias puede tener la necesidad de reunir grandes cantidades de dinero para competir políticamente.

El costo de las campañas y los riesgos de financiación irregular

Revello señaló que las investigaciones relacionadas con personas vinculadas a actividades delictivas pueden despertar sospechas sobre eventuales mecanismos irregulares de financiación política. Su reflexión estuvo dirigida a los riesgos generales que, según entiende, genera un sistema electoral que requiere importantes recursos financieros.

El edil sostuvo que afrontar una campaña sin respaldo económico coloca a los partidos y candidatos en una situación de desventaja, independientemente de la calidad de sus propuestas. Desde esa perspectiva, consideró que los elevados gastos electorales pueden convertirse en un incentivo para buscar financiación por vías indebidas.

“Quizás el mayor aliciente para que alguien tome caminos incorrectos sea lo abultado que significan los costos de las campañas electorales que todos los partidos políticos tienen que afrontar”, expresó.

Revello hizo referencia a la discusión parlamentaria sobre la legislación de financiación de los partidos políticos y planteó que una reforma debería prestar especial atención a los costos de la publicidad electoral, que identificó como uno de los principales componentes del gasto de campaña.

Publicidad gratuita en frecuencias que pertenecen a la sociedad

La propuesta consiste en impedir la contratación privada de publicidad electoral en radio y televisión, pero mantener la posibilidad de que los partidos difundan sus mensajes mediante espacios gratuitos. Revello argumentó que las emisoras de radio y los canales de televisión utilizan frecuencias del espectro radioeléctrico, un recurso público cuya utilización es autorizada por el Estado, por lo que considera razonable establecer mecanismos que permitan emplear parte de esos espacios para la comunicación política sin costos para los partidos.

La iniciativa contempla que cada fuerza política produzca sus propios contenidos, destinados a explicar sus ideas, programas y propuestas, y que esos materiales sean difundidos gratuitamente. El edil aclaró que sería necesario acordar un criterio de distribución proporcional entre los partidos, que podría considerar su representación parlamentaria u otras variables que se definieran mediante una discusión legislativa.

De esta manera, según su planteo, se reduciría significativamente uno de los principales gastos electorales y se permitiría que la competencia política estuviera menos condicionada por la capacidad económica de cada sector. Revello también cuestionó el estilo de determinadas campañas publicitarias, que a su entender, presentan a los candidatos como productos comerciales en lugar de promover un debate centrado en sus propuestas.

Su intención, explicó, es que la comunicación electoral priorice los contenidos políticos y programáticos. Reconoció que las campañas seguirían teniendo otros gastos, pero sostuvo que eliminar el costo de contratación de publicidad audiovisual podría representar un cambio importante en sus necesidades de financiación.

 Pidió que la propuesta llegue al Parlamento

Revello vinculó su iniciativa con la prevención de la corrupción política. Según sostuvo, reducir la necesidad de obtener grandes sumas de dinero para financiar campañas permitiría disminuir los incentivos para recurrir a mecanismos irregulares.

El edil solicitó que sus palabras fueran remitidas a los legisladores nacionales del departamento de Durazno y a las comisiones correspondientes de la Cámara de Representantes y del Senado, con el objetivo de que la propuesta pueda ser considerada en el marco de las discusiones sobre la financiación de los partidos políticos.