El edil nacionalista sostuvo que la normativa departamental sobre derechos funerarios necesita adaptarse a las realidades actuales. Planteará cambios en la adjudicación, transmisión, cesión y donación de derechos sobre espacios en cementerios, con especial atención a las familias.
por Enrique Antonio
El edil Andrés Pereyra, de la Lista 4100 del Partido Nacional, anunció que presentará próximamente una propuesta para actualizar la normativa que regula distintos aspectos de los cementerios del departamento de Durazno.
Durante su intervención en la Junta Departamental, explicó que la iniciativa surge de planteos recibidos de vecinos y de la necesidad de adecuar las disposiciones vigentes a las prácticas funerarias y realidades familiares actuales.
Una normativa que data de febrero de 1949
Pereyra señaló que una de las principales disposiciones departamentales sobre la materia fue aprobada el 21 de febrero de 1949. A su entender, el paso del tiempo y los cambios sociales hacen necesario revisar su contenido.
El edil destacó que los cementerios constituyen uno de los servicios públicos más sensibles, por su relación directa con el duelo y el respeto hacia las personas fallecidas y sus familias. Para ilustrarlo, recordó las tradiciones de Sarandí del Yí, donde, según relató, todavía se conserva la costumbre de mostrar respeto cuando pasa un cortejo fúnebre.
Los cambios que pretende impulsar
Pereyra explicó que, con la colaboración del edil y escribano Luis Gelos, recopiló antecedentes e información jurídica para elaborar una propuesta. Entre los aspectos que pretende revisar mencionó la adjudicación, transmisión, cesión, donación y regulación del uso de los derechos relacionados con los cementerios. La iniciativa buscaría facilitar los procedimientos y brindar mayores garantías jurídicas a las familias.
El edil sostuvo que, en determinadas circunstancias, las condiciones actuales pueden influir en decisiones familiares relacionadas con la sepultura o la cremación. Por eso, consideró importante actualizar los mecanismos disponibles y adaptarlos a las necesidades contemporáneas.
El proyecto llegará al orden del día
Pereyra anunció que prevé presentar el asunto formalmente en los próximos días para que sea incorporado al orden del día de la Junta Departamental.
Su intervención tuvo carácter anticipatorio: no se votó una modificación de la normativa de cementerios durante este tramo de la sesión. El edil señaló que su intención es abrir una discusión informada sobre un tema que requiere sensibilidad y garantías jurídicas.
Unas 90 cámaras para Sarandí del Yí
El edil explicó que su propuesta contempla hasta 500 cámaras para el departamento, de las cuales aproximadamente 90 estarían destinadas a Sarandí del Yí.
Según señaló, en los últimos días vecinos de esa ciudad mantuvieron reuniones con autoridades policiales para abordar problemas de seguridad.
Pereyra recordó que el asunto ya había sido planteado desde su sector político.
“Lo hicimos en tiempo y forma, lo hicimos en campaña política, lo dijimos antes y lo dijimos cuando había que hacerlo acá en el presupuesto”.
El edil consideró que las cámaras pueden ser una herramienta útil para diferentes tareas de control y prevención.
“A veces parece oído sordo lo que sucede”
Pereyra cuestionó la falta de respuesta a su planteo y sostuvo que existen posibilidades presupuestales para impulsar la iniciativa.
“A veces parece oído sordo lo que sucede. No hay que ser oído sordo. El dinero está”.
Durante su intervención mencionó partidas de 100 millones de pesos para 2026 y 280 millones para cada uno de los años 2027 y 2028, que vinculó con el Ministerio del Interior.
Sin embargo, no precisó si esos montos están específicamente asignados a videovigilancia en Durazno o corresponden a partidas más generales.
Arrendar en lugar de comprar
El edil defendió la modalidad de arrendamiento de cámaras en lugar de su adquisición directa.
Según explicó, tomó como referencia criterios de las autoridades del Ministerio del Interior.
Pereyra sostuvo que un sistema de estas características podría contribuir a la seguridad pública y también apoyar tareas relacionadas con el tránsito, los animales sueltos y las investigaciones de Fiscalía.
A su entender, la Intendencia podría realizar un aporte económico complementario para facilitar su implementación.
Solicitó que sus palabras fueran remitidas al Ministerio del Interior, al intendente departamental de Durazno y a la Comisión de Convivencia de la Junta Departamental.


