El edil del Frente Amplio cuestionó la contratación de una organización que, según señaló, promueve una ideología política propia. Citó una observación del Tribunal de Cuentas sobre su habilitación estatutaria para suministrar personal y anunció que la bancada frenteamplista presentará un pedido de informes para conocer los antecedentes de la fundación, los recursos públicos recibidos y los mecanismos de control establecidos por la Intendencia de Durazno.

El edil Enrique Antonio, de la Lista 1971 del Frente Amplio, realizó una intervención en la Junta Departamental de Durazno en la que cuestionó la contratación de la Fundación Rioplatense de Estudios (Free) por parte del Gobierno Departamental y reclamó explicaciones al intendente Felipe Algorta.

Su planteo se sumó a los cuestionamientos que anteriormente habían realizado los ediles Gabriel Montes de Oca y Gabriel Díaz Landoni, quienes también manifestaron dudas sobre el procedimiento de contratación de la organización.

Antonio centró su exposición en dos aspectos: las observaciones jurídicas realizadas por el Tribunal de Cuentas y la preocupación por el eventual destino de los recursos públicos contratados con una fundación que, según afirmó, declara promover determinadas ideas políticas.

“La soberanía también está en la capacidad de decidir libremente nuestro destino”

El edil comenzó su intervención con una reflexión sobre la historia democrática de Uruguay y la defensa de la soberanía nacional.

Mencionó a José Gervasio Artigas, José Batlle y Ordóñez, Luis Alberto de Herrera, Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni como figuras que, desde diferentes tradiciones políticas, contribuyeron a la construcción institucional del país.

Antonio destacó que, pese a sus diferencias ideológicas, estos dirigentes forman parte de una historia compartida por los uruguayos.

“Al pueblo de este país nunca se le regaló nada. Los derechos con los que hoy contamos se lograron a base de lucha”.

Recordó conquistas como la jornada laboral de ocho horas, la educación pública, la seguridad social, los derechos laborales, el matrimonio igualitario y los derechos sexuales y reproductivos.

A partir de esa reflexión, sostuvo que quienes ocupan responsabilidades públicas deben defender las instituciones democráticas y garantizar la transparencia de la gestión.

“La soberanía de un país no se limita a sus fronteras, también está en su capacidad de decidir libremente su destino, de construir sus propias políticas públicas y de proteger sus instituciones frente a cualquier influencia indebida”.

Fue entonces cuando vinculó esa preocupación con la contratación de Fundación Free.

 Cuestionó que la Intendencia contrate a una fundación que promueve una ideología política

Antonio afirmó que la Fundación Rioplatense de Estudios declara públicamente entre sus objetivos la promoción y difusión de determinadas ideas políticas y económicas.

A su entender, ese perfil ideológico merece especial atención cuando la organización recibe recursos públicos mediante una contratación estatal.

“Esta fundación declara públicamente que trabaja para promover y difundir una ideología propia, buscando incidir en la política pública”.

El edil sostuvo que su cuestionamiento no se basa únicamente en una interpretación política, sino en las definiciones que atribuyó a la propia organización.

La preocupación planteada por Antonio no fue que una organización tenga determinada orientación ideológica, sino qué garantías existen para que los recursos públicos provenientes de una contratación sean destinados exclusivamente a los servicios adjudicados.

En ese sentido, reclamó conocer los controles que aplica la Intendencia para supervisar la ejecución del contrato.

Citó una observación del Tribunal de Cuentas sobre los estatutos de Free

Uno de los momentos centrales de la intervención fue la lectura de un fragmento que Antonio atribuyó al Tribunal de Cuentas de la República.

El edil citó una observación referida al objeto estatutario de la fundación y su capacidad para prestar servicios de suministro de personal.

“De acuerdo a la descripción del objeto establecido en el estatuto de la Fundación Rioplatense de Estudios Free, no surge que la misma se encuentre habilitada estatutariamente a brindar servicios de suministro de mano de obra a terceros”.

El cuestionamiento apunta a determinar si la actividad contratada por la Intendencia está comprendida dentro de las finalidades previstas en los estatutos de la organización.

También mencionó observaciones vinculadas con la Ley 18.099 y su modificativa, la Ley 18.251, relacionadas con el régimen de responsabilidad laboral en procesos de tercerización.

Para el edil, estos elementos justifican que el Ejecutivo Departamental explique públicamente cómo procedió frente a las observaciones del organismo de contralor.

Durante su intervención, Antonio formuló una serie de interrogantes que considera fundamentales para esclarecer la contratación.

Entre ellas se encuentran:

– Antecedentes: ¿qué experiencia presentó Fundación Free para acceder al contrato?

– Evaluación: ¿cómo se analizó su capacidad para prestar el servicio adjudicado?

– Vínculos internacionales: ¿qué relaciones mantiene la organización con entidades del exterior?

– Recursos públicos: ¿cuánto dinero recibió efectivamente de la Intendencia de Durazno?

– Normativa laboral: ¿cómo está cumpliendo el Ejecutivo con las disposiciones de las leyes 18.099 y 18.251?

– Fiscalización: ¿qué mecanismos de control existen para verificar el destino de los fondos públicos?

Esta última pregunta ocupó un lugar especialmente importante en su exposición.

Antonio reclamó conocer qué medidas adoptó la Intendencia para garantizar que el dinero destinado a la contratación se utilice exclusivamente en los servicios previstos.

“¿Qué mecanismos de control y fiscalización tiene establecidos la Intendencia de Durazno para garantizar que los recursos públicos destinados a esta contratación sean utilizados exclusivamente para la prestación de los servicios contratados y no para financiar, difundir y fortalecer los principios ideológicos y políticos que promueve esta fundación?”.

El edil no afirmó haber comprobado un desvío de fondos hacia actividades ideológicas. Su planteo fue exigir garantías y mecanismos de fiscalización que permitan descartar esa posibilidad.

 “El intendente Felipe Algorta es responsable institucionalmente”

En el tramo final, Antonio dirigió sus cuestionamientos directamente al jefe comunal.

Sostuvo que, independientemente de las actuaciones administrativas que hayan intervenido en el procedimiento, la responsabilidad política por la adjudicación corresponde al Gobierno Departamental encabezado por Felipe Algorta.

“El intendente Felipe Algorta es responsable institucionalmente de esta adjudicación que realiza su gobierno”.

A continuación, reclamó que el intendente explique cómo se resolvieron las observaciones del Tribunal de Cuentas.

“Debe explicar en este lugar cómo se atendieron las observaciones del Tribunal de Cuentas”.

El edil vinculó ese reclamo con las obligaciones de transparencia y contralor que, a su entender, deben caracterizar el funcionamiento de las instituciones públicas.

 El Frente Amplio presentará un pedido de informes

Antonio anunció que la bancada del Frente Amplio prepara un pedido de informes amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, dirigido al Ejecutivo Departamental.

Según explicó, la iniciativa será presentada en los próximos días y buscará obtener respuestas oficiales sobre los aspectos cuestionados durante su intervención.

“En los próximos días vamos a estar haciendo llegar un pedido de informes que realizó la bancada del Frente Amplio”.

La presentación anunciada se suma a otras iniciativas de contralor relacionadas con Fundación Free, entre ellas la propuesta de Gabriel Díaz Landoni de promover una comisión preinvestigadora en la Junta Departamental y Gabriel Montes de Oca que tambien hizo un pedido de informe sobre este tema.

No obstante, se trata de mecanismos distintos: mientras el pedido de informes procura obtener documentación y respuestas del Ejecutivo, una eventual comisión investigadora requeriría el procedimiento correspondiente dentro de la Junta.

Una contratación que sigue generando cuestionamientos políticos

La intervención de Enrique Antonio amplió el debate sobre Fundación Free al incorporar una discusión sobre la relación entre los recursos públicos, las organizaciones con definiciones ideológicas y los mecanismos institucionales de fiscalización.

El edil sostuvo que defender la democracia implica garantizar el pluralismo político, pero también exigir transparencia cuando el Estado contrata servicios con organizaciones privadas.

“Nuestra democracia se construyó sobre la posibilidad de pensar diferente y esto es lo que estamos defendiendo hoy”.

Con el anuncio de un nuevo pedido de informes, la contratación de Fundación Free continúa generando iniciativas de contralor en la Junta Departamental.

Antonio solicitó que sus palabras fueran remitidas a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales de la Junta Departamental y al Ejecutivo Departamental.