El estudiante avanzado de abogacía y defensor de derechos humanos Maximiliano Silveira explicó la estrategia que impulsa junto con Tony Pintos tras el agotamiento de las vías judiciales en Paraguay. La próxima semana solicitarán a Presidencia y Cancillería que Uruguay evalúe presentar una comunicación interestatal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el periodista continúa en el país su tratamiento médico.

¿Qué pueden hacer ahora desde el ámbito de los derechos humanos y cuál es la situación de Tony Pintos?

El 21 de mayo de este año, Tony llegó al punto en el que ya no quedaba nada más por hacer dentro del Estado paraguayo. Estuvo unos trece años buscando justicia. Para llegar a una instancia internacional de derechos humanos es obligatorio agotar todos los recursos disponibles dentro del Estado, lo que se denomina jurisdicción doméstica. Recién cuando ya no queda nada más por hacer, una persona queda habilitada para acudir a una instancia internacional, siempre que existan violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a algún otro instrumento.

¿En este caso identifica varias violaciones?

Sí. Ha sufrido violaciones de distinta índole; no se trata de una afectación específica, sino de un cúmulo de derechos. Para explicarlo de forma resumida y en términos simples, Tony promovió dos juicios contra la Conmebol: uno laboral y otro de seguridad social.

En el juicio laboral reclamó una comisión impaga, un rubro salarial derivado del contrato de un inversor uruguayo, Global Sports, por 42 millones de dólares. Tenía un acuerdo para percibir el 10 %, por lo que le correspondían 4,2 millones de dólares. Era una práctica ya establecida, porque anteriormente había acercado a otros inversores.

¿Tony reclama lo que considera que le corresponde por derecho?

Claramente, sí. Además, en enero de 2013 dejaron de pagarle el sueldo. Le abonaron una pequeña parte de aquella comisión y luego no le pagaron más, pero también dejaron de pagarle el salario.

¿Con qué argumento dejaron de pagarle?

Con ninguno. Él siguió trabajando a la expectativa y transcurrieron nueve meses, hasta que decidió que no podía continuar así y presentó la demanda en Brasil. Brasil se declaró incompetente. Nosotros entendemos que eso no correspondía porque la Conmebol es una confederación que tiene asociaciones vinculadas en todos los países: en Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol; en Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y así en cada país. Todas están directamente ligadas a la Conmebol.

Incluso el propio presidente de la Conmebol, al finalizar una conferencia de prensa en la residencia presidencial de Paraguay, sostuvo que, cuando la Conmebol es demandada y debe pagar, todas las asociaciones tienen que hacerlo. Esa declaración demuestra que están conectadas.

Tony ganó la demanda laboral por aproximadamente 10 millones de dólares, más intereses, y en paralelo obtuvo un fallo favorable en la demanda de seguridad social por alrededor de 1,5 millones de dólares, suma que la Conmebol debía pagar al Instituto de Previsión Social, equivalente al Banco de Previsión Social de Uruguay.

¿Qué ocurrió con la situación jurídica especial que tenía la Conmebol en Paraguay?

Paraguay le había otorgado por ley una inmunidad similar a la diplomática, como si la Conmebol fuera una embajada. Quedó jurídicamente blindada: no se la podía embargar, allanar ni acceder a sus documentos. Cuando estalló el llamado FIFA Gate y comenzaron a ser detenidos dirigentes de la Conmebol, Paraguay le quitó ese régimen especial en 2015. Pienso que ocurrió debido a la dimensión internacional de aquel escándalo.

Lo cierto es que, desde que la Conmebol se instaló en Paraguay hasta que perdió aquella inmunidad, mantuvo irregularmente a sus empleados sin realizar los aportes obligatorios a la seguridad social.

Tony mencionó que había más de treinta trabajadores en esa situación. ¿Eso fortaleció su reclamo?

Son casos que tienen un mismo origen. Tony ganó el juicio laboral en primera y segunda instancia. La segunda instancia fue resuelta por unanimidad: los tres jueces del tribunal de apelaciones confirmaron la decisión. Desde el punto de vista legal fue una victoria absoluta. En paralelo, también ganó en primera instancia el juicio de seguridad social, pero no le pagaron ninguno de los dos.

Es importante observar el contexto junto con las otras víctimas. En ese momento, la Conmebol enfrentaba una condena de 10 millones de dólares en el juicio laboral, otra de alrededor de 1,5 millones por seguridad social y los reclamos de unas treinta personas, distribuidos en cinco o seis juicios, porque algunas demandaron juntas y otras por separado. Esos reclamos también superaban el millón de dólares. Fueron muchos años de irregularidad con esos trabajadores.

¿Qué sucedió después de los fallos favorables a Tony?

Desde mi interpretación, la Conmebol no quería pagarle a nadie. Utilizando el caso de Tony, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Ya había promovido otra al comienzo del proceso, antes de perder el juicio, y había sido rechazada. Luego de la derrota presentó nuevamente la acción y se reunió con el presidente de la República de Paraguay y con un representante del área de Deportes en la residencia presidencial. Tony no fue invitado: hablaron con quien había perdido el juicio, pero no con quien lo había ganado.

Después de esa reunión le anularon las sentencias a Tony. En la propia residencia presidencial, la Conmebol planteó que, si debía pagarle, era probable que trasladara su sede a otro país. Contamos con las pruebas y fue un hecho conocido en toda la región.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué papel tuvo el Estado paraguayo?

Lo que se analiza es el rol del Estado. En este caso, el Poder Ejecutivo intervino al recibir a una sola de las partes para escucharla sobre una causa judicial. Desde mi punto de vista, que el presidente de la República y un representante del área de Deportes se sienten únicamente con una parte constituye una falta de seguridad jurídica.

Debieron indicar que el asunto debía continuar por la vía legal y que no correspondía tratarlo allí. Incluso en el supuesto de que recibieran a una parte, como mínimo debían escuchar a la otra. Pero no era el rol del presidente: existe un principio de separación de los poderes del Estado. El Poder Judicial aplica las leyes y juzga los casos; el Ejecutivo ejecuta las leyes aprobadas por el Parlamento, y el Parlamento las crea.

Formalmente no hubo una sentencia del Poder Ejecutivo, pero sí existió una injerencia y un peso político. Tony necesitó siete años de juicio para obtener una sentencia favorable en un caso laboral, cuando los procesos laborales deben ser rápidos.

¿Qué ocurrió con los dos juicios luego de aquella reunión?

Después de la conferencia de prensa le anularon la sentencia laboral por 10 millones de dólares. El juicio de seguridad social continuó, pero el mismo día en que la Conmebol se reunió con el presidente también acudió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Fue un proceso que, según entendemos, estuvo plagado de irregularidades y que fue investigado por programas periodísticos paraguayos. Se enjuició a los magistrados que habían condenado a la Conmebol y cuatro de ellos fueron destituidos.

En el caso de seguridad social, Tony había ganado en primera instancia y la Conmebol apeló. Los jueces del tribunal de apelaciones comenzaron a excusarse e inhibirse; nadie quería asumir el caso. Cuando finalmente se integró el tribunal, falló a favor de la Conmebol. La defensa de Tony también denunció que una de las juezas del tribunal de apelaciones concurría diariamente a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para influir en el caso.

¿Considera dudosa aquella sentencia de segunda instancia?

Sí. Desde mi punto de vista y a partir de las pruebas, considero que se trata de un caso corrupto. Pero nosotros no tenemos autoridad para establecerlo: debe resolverlo una autoridad competente. Lo que queremos es acceder a la Justicia y que se haga justicia.

¿Qué ocurrió cuando recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

La Comisión nos denegó el acceso por una cuestión formal y técnica de admisibilidad que, según comprobamos después de un estudio profundo, entendemos que es equivocada. El mecanismo para corregirlo es que la propia Comisión revise su decisión.

¿Eso implica comenzar nuevamente?

No se trata solamente de volver a empezar. En 2023 la Comisión nos informó que esas revisiones demoran no menos de tres años. Ismael Antonio “Tony” Pintos tiene 79 años y atraviesa una situación de salud muy delicada. La intervención médica debía realizarse en Paraguay, pero, al quedar excluido de la seguridad social, actualmente no se la hacen.

Agradecemos a todas las autoridades uruguayas que vienen colaborando para que pueda avanzar con su tratamiento. Ahora queremos informar a las autoridades de que la decisión deberá adoptarla el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República y de la Cancillería. Son quienes tienen la autoridad para presentar esta solicitud y proteger a Pintos, con Uruguay como garante de los derechos humanos.

El acceso a la Justicia es un derecho humano. En este caso pedimos acceso a la Justicia internacional, algo que las leyes uruguayas reconocen a sus ciudadanos. Pintos quedó excluido por un error formal de admisibilidad de la Comisión y no puede esperar tres años.

¿Ya hablaron con el canciller Mario Lubetkin?

Hasta ahora, debido al estado de salud de Tony, nos ocupamos exclusivamente de que pudiera venir a Uruguay y realizarse las intervenciones necesarias. Él continúa residiendo en Paraguay, pero permanecerá en Uruguay hasta culminar el tratamiento. Esa era nuestra prioridad: primero está la salud y después lo demás.

Ahora anunciamos que la próxima semana presentaremos ante el gobierno uruguayo, Presidencia y Cancillería una solicitud para que Uruguay pueda llevar este caso ante la Comisión, en cumplimiento de la colaboración entre los Estados para la defensa de los derechos humanos.

Tenemos mucha fe y esperanza. Desde el punto de vista médico fue un alivio venir a Uruguay. El Consulado de Uruguay en Asunción y el área del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de vinculación y retorno colaboraron muchísimo. Después de tantos años, eso nos dio mucha esperanza.

¿Qué plazo tienen para acudir a la vía internacional?

La jurisdicción doméstica en Paraguay terminó el 21 de mayo y existe un plazo de seis meses para acudir a la vía internacional. Nosotros nos presentamos el 25 de mayo, cuatro días después, y ese período vence el 21 de noviembre. Como Tony no puede regresar a Paraguay en este momento, la única alternativa es que Uruguay se presente antes de esa fecha en defensa de un connacional. Para nosotros existieron violaciones flagrantes, pero necesitamos que lo determine una autoridad, en este caso la Comisión Interamericana.

¿Qué particularidad tendría una presentación de Uruguay?

Sería la primera vez que Uruguay interviene en un caso interestatal y, según nuestro estudio, también sería el primer caso en la historia del sistema interamericano en el que el Estado denunciado no ha reconocido previamente la competencia de la Comisión para recibir comunicaciones interestatales.

Paraguay no ha realizado ese reconocimiento. Nosotros entregaremos al gobierno uruguayo una petición ya preparada para facilitar el trabajo técnico y atender los plazos. Si Uruguay presenta el caso, la Comisión deberá consultar a Paraguay si acepta voluntariamente someter este asunto concreto a su competencia.

En términos sencillos, Uruguay ya reconoció que otro Estado puede presentar ante la Comisión un caso en el que se lo acuse de violar derechos humanos. Paraguay no lo hizo. La Comisión no puede obligarlo porque los Estados son libres e iguales, pero puede preguntarle si está dispuesto a aceptar su competencia para este caso.

Si Paraguay acepta, el caso continuará. Si no acepta, será el mensaje que decida enviar y allí finalizarían las posibilidades que ofrece el sistema interamericano. Nosotros queremos acceder a la Justicia y la única vía que nos queda es la colaboración del gobierno uruguayo. Tenemos la esperanza de que así sea.

¿Cómo llegó usted a involucrarse en este caso internacional mientras cursaba abogacía?

Durante muchos años tuve una empresa de juegos inflables y en la pandemia quebré. Comencé a vender los castillos y Pedro Barragán, sobrino de Tony, encontró una de mis publicaciones en Mercado Libre y me contactó porque le interesaba uno.

Todavía no me recibí; estoy en la recta final de la carrera. Desde hace algunos años trabajo con abogados y escribanos, por lo que me he ido familiarizando con la práctica. Cuando le vendí el castillo, Pedro me contó que tenía un problema por un dinero que no le habían pagado. Le propuse intentar resolverlo porque me gusta buscar acuerdos sin llegar a juicio.

Lo resolví en unos tres meses, le devolvieron el dinero y quedó muy conforme con mi forma de trabajar. Entonces me comentó que tenía un tío con un caso famoso. Yo no sabía de qué se trataba. Me dijo que muchos abogados le habían fallado y que quizá podía ayudarlo. Me pasó el teléfono de Tony y conversamos durante aproximadamente una hora.

Así comenzamos este camino juntos. Empecé a informarme y capacitarme. En la facultad estudiamos derechos humanos, pero Uruguay no es un país con muchas causas en comparación con otros; no significa que no existan violaciones, sino que no hay tantas demandas. En ese proceso descubrí que no se necesita el título de abogado para ser defensor de derechos humanos: se necesita conocimiento. Desde 2022, cuando conocí a Tony, trabajamos juntos en este caso.