Durante una visita a Durazno en el marco de la recorrida anual del Espacio 1001, el diputado del Frente Amplio Daniel Diverio se reunió con trabajadores del frigorífico Minerva, ex-BPU. En diálogo con Página Cero analizó la incertidumbre laboral en la industria frigorífica, el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata, la necesidad de reforzar los controles sobre el financiamiento político y el caso de Pablo Leiva, exasesor de un edil nacionalista condenado por lavado de activos.

¿Qué agenda están desplegando hoy en Durazno y también en el interior?

Primero que nada, es una alegría poder volver a Durazno. Más allá de que estoy viviendo en Canelones, he venido muchas veces, quizás con otras responsabilidades. Es una ciudad que se mantiene hermosa y también tiene una vida muy importante en lo que tiene que ver con los movimientos sindicales.

En ese marco, la recorrida surge de una definición que tomamos como bancada de la 1001: salir a recorrer el interior todos los años. Es cierto que muchas veces, cuando se acercan las elecciones, las recorridas se amplifican mucho más. Nosotros decidimos recorrer todos los años, intercambiar información y buscar insumos para trabajar en el Parlamento.

Esta mañana estuvimos con los compañeros del sindicato del frigorífico, ante una realidad que nos preocupa y nos debe preocupar. La industria frigorífica fue una de las que tuvo mayores niveles de rentabilidad durante el año pasado. Sin embargo, los trabajadores y las trabajadoras son rehenes de negocios internacionales o de situaciones que no tienen nada que ver con ellos, pero son quienes pagan el precio con una licencia y sin saber siquiera cuándo volverán a trabajar.

Ese conflicto no es nuevo en el ex-BPU, hoy Minerva. ¿Cuál es la realidad que están padeciendo los trabajadores de esa industria?

Minerva, al igual que otras empresas frigoríficas —la mayoría monopólicas—, utiliza la relación laboral y la forma de contratación como moneda de cambio. Permanentemente se realizan reestructuras entre las distintas plantas para que los laudos sean a la baja.

Los trabajadores frigoríficos tienen un laudo legal muy bajo y el mayor porcentaje de sus ingresos salariales depende de la productividad y del destajo. Entonces, la empresa utiliza la especulación de enviar trabajadores al seguro de paro para que después tengan que negociar una nueva forma de destajo con salarios mucho más bajos.

Esta situación se da a nivel nacional, en casi todos los frigoríficos. Por eso debemos trabajar mucho más para generar condiciones que permitan regular la productividad y que todos tengan las mismas condiciones al momento de acordar el trabajo.

También tenemos que mejorar las condiciones de salud laboral. Es cierto que los niveles de accidentabilidad no son tan graves en la industria frigorífica, pero hay un porcentaje altísimo de trabajadores con problemas de salud vinculados al trabajo. La tecnología ha avanzado en nuevas formas de producción, generación de empleo y productividad, pero esa inversión tecnológica no tiene el mismo énfasis a la hora de lograr que la salud laboral acompañe las nuevas formas de producción.

¿Los trabajadores del frigorífico ex-BPU están cobrando sus salarios en tiempo y forma? ¿La empresa escucha sus inquietudes?

Los compañeros nos comentaron que están cobrando el salario en tiempo y forma. Lo que existe es una incertidumbre permanente respecto de cuántos días van a trabajar y a partir de cuándo.

Estamos hablando de una industria frigorífica que ha tenido uno de los niveles más altos de rentabilidad y que genera especulación a partir de amenazar permanentemente a los trabajadores con enviarlos al seguro de paro. Eso genera incertidumbre y por eso los compañeros con los que nos reunimos hoy nos transmitieron una gran preocupación.

Esto sucede puntualmente en Durazno, pero también está pasando en Tacuarembó, en el frigorífico Carrasco, en Canelones, y en el frigorífico PUL, en Cerro Largo. Debería preocuparnos y ocuparnos la búsqueda de alternativas para que los trabajadores y las trabajadoras tengan mayor claridad sobre sus perspectivas laborales.

Otro tema que preocupa al país es el conflicto que mantienen los trabajadores del puerto. ¿Percibís que pueda surgir una solución en estas horas?

Creo que es un conflicto que preocupa a todo el mundo, pero hay conflictos mucho más duros y dolorosos que deberían preocupar más. Entre ellos está el de la industria frigorífica, que abarca a una mayor cantidad de trabajadores en condiciones mucho más complicadas.

El conflicto del puerto preocupa porque por allí se mueve la economía del país, y está bien que nos preocupe. El tema es que muchos de los que opinan dicen que tiene que haber un decreto de esencialidad para que el puerto empiece a trabajar y asegurar que los trabajadores no puedan parar, o que entren a trabajar y mantengan su dinámica.

Ahora bien, la otra parte del conflicto es el sector empresarial: ¿qué responsabilidad tiene y qué exigencias le vamos a plantear para que lo resuelva? Cuando hay un conflicto es porque existe algo en disputa. El 99 % de los conflictos se produce a partir del desconocimiento o, a veces, del incumplimiento del sector empresarial, y muchos se prolongan porque nadie los denuncia.

Cuando los trabajadores se organizan y reclaman una solución o sus derechos, el conflicto surge y se hace visible. Primero tenemos que preguntarnos por qué se generó el conflicto en el puerto. Se trata de una terminal con gran rentabilidad, porque por allí sale la mayor parte de las exportaciones y entran las importaciones; es una empresa monopólica y, a su vez, tiene trabajadores bajo distintos regímenes: algunos tienen asegurados 20 jornales y otros, menos o más.

Los trabajadores plantean algo natural: asegurar un mínimo de jornales por mes que les permita contar con un salario mensual. También hay trabajadores que hacen la misma tarea y perciben distintos salarios. Eso debe verificarse. Existe una responsabilidad del sector empresarial por no haber resuelto estos asuntos antes, pero también la tienen quienes resolvieron darle el monopolio a la empresa. Cuando una empresa tiene el monopolio del puerto, sabe que la única forma de resolver la operativa es que ella esté trabajando. El monopolio también genera dificultades. Si hubiéramos tenido un puerto más diverso, con mayor cantidad de ofertas, posiblemente este conflicto no se habría dado.

También conmovió a la opinión pública la condena de Pablo Leiva, exasesor de un edil blanco de Montevideo, quien cobraba 52.000 pesos nominales sin trabajar. ¿Percibís que el narcotráfico y el lavado de activos se están filtrando en las estructuras políticas?

No sé si existe una filtración o una participación del narcotráfico en la política. Lo que sí es cierto es que tenemos muchas debilidades. Por eso el Frente Amplio proponía, en el período anterior y también ahora, una ley de financiamiento de los partidos políticos mucho más contundente, porque la que se votó quedó muy lavada.

Cuando llega la campaña electoral, todos los partidos necesitan financiamiento para poder recorrer el interior, abrir un local y desarrollar su campaña. Lo que necesitamos como Estado es un mayor control del financiamiento y más herramientas. No hemos tenido, al menos del otro lado, de la derecha, la recepción necesaria para buscar un proyecto de ley que permita un mayor blindaje ante estas posibilidades.

¿Leyes más firmes y más duras?

Sí, con mayor control. También es preocupante que se haya hecho un contrato a un asesor que después se dice que ni siquiera se conocía. Allí existe una responsabilidad del Partido Nacional, particularmente del sector al que pertenece el edil. El propio edil debe dar respuestas sobre esto, no al Frente Amplio, sino al conjunto de la población. Eso es lo más cristalino que hay.

Es un tema que nos debe preocupar y ocupar. Si entramos en la discusión, como ha intentado hacer el edil blanco, de comparar con la camioneta de no sé quién o con el vicepresidente, nos alejamos del asunto. Hoy estamos hablando de una situación muy compleja vinculada con el narcotráfico. En Montevideo se incautaron más de 200 kilos de pasta base y cocaína. Es donde más duele, porque son las poblaciones más vulnerables las que terminan consumiendo esas sustancias.

No puede ser que la renuncia de esta persona —a quien ni siquiera se conocía— resuelva el asunto. Hay que llegar a otro tipo de respuesta: clarificar realmente el tema y construir herramientas que nos den un mayor blindaje ante un escenario frente al cual nadie está vacunado.

Todavía resuena aquella frase del ministro Carlos Negro: “Perdimos la guerra contra el narcotráfico”.

Es una frase que se puede haber dicho. En realidad, si analizamos lo que ha sido el proceso en el interior y la incautación de droga, es histórico. También, por primera vez, se logra llegar a algunos de los cabecillas más importantes.

Durante años agarramos una boca y detuvimos a una mujer que, a veces, estaba resolviendo alguna cosa allí, y lo mirábamos como una gran conquista. Este gobierno apuntó a los verdaderos responsables del narcotráfico y la mayoría de ellos están presos.

Eso es importante y hay que seguir avanzando. Por supuesto que es insuficiente y que debemos trabajar mucho más para cortar de raíz el narcotráfico. Muchas veces pensamos que el narcotráfico o la delincuencia son una gorrita con visera o un gurí con un corte de pelo medio plancha. Las imágenes y las caras que vimos dejaron clarísimo que también hay delincuentes muy duros en otros lugares, aunque parezcan los señores del Uruguay.