El edil Andrés Pereyra presentó ante la Junta Departamental un proyecto de decreto denominado “Convivencia para vivir mejor: alegría, paz y respeto en nuestra comunidad”, con el objetivo de actualizar la normativa sobre ruidos molestos en Durazno. La iniciativa surge a partir de reclamos de vecinos por parlantes, motos, vehículos y disturbios durante la noche, y propone establecer reglas más claras, mecanismos objetivos de control y sanciones proporcionales.

por Enrique Antonio

“La convivencia no se limita únicamente a sancionar conductas”

Pereyra explicó que la iniciativa parte de una problemática que ha llegado reiteradamente a la Junta desde distintos puntos del departamento.

Entre las situaciones mencionó el uso excesivo de parlantes, los ruidos provocados por motos y automóviles y los disturbios en espacios públicos, particularmente durante la noche y en horarios destinados al descanso.

Sin embargo, remarcó que el proyecto no pretende abordar la convivencia únicamente desde una perspectiva sancionatoria.

“La convivencia no se limita únicamente a sancionar conductas”.

Según explicó, la intención es generar condiciones para que vecinos, comerciantes, organizaciones culturales y usuarios de los espacios públicos puedan ejercer sus derechos sin afectar “el descanso, la salud ni la tranquilidad de los demás”.

El nombre elegido para el proyecto responde precisamente a esa concepción: la alegría reconoce el valor de las actividades sociales, culturales y recreativas; la paz, la necesidad de prevenir conflictos y proteger el descanso; y el respeto, la responsabilidad en el uso de vehículos, equipos de sonido y espacios compartidos.

Una normativa de 1997 que entienden necesario actualizar

 Pereyra recordó que Durazno cuenta con el Decreto 1190 de 1997, surgido también a partir de planteos vecinales y destinado a regular aspectos vinculados al ruido, la publicidad y determinadas actividades.

También mencionó los antecedentes vinculados a los ensayos de comparsas, aunque hizo una diferenciación expresa: “No es ruido, es cultura”, sostuvo, señalando que igualmente fue necesario encontrar mecanismos de convivencia ante los reclamos que existían en aquel momento.

El edil aseguró que actualmente percibe en algunos vecinos una sensación de falta de respaldo frente a los problemas de convivencia y dificultades para encontrar respuestas institucionales.

Por eso aclaró que el texto presentado no pretende constituirse en una solución cerrada.

“La idea no es venir con una verdad verdadera de por qué este es el decreto que hay que votar, sino que ahora hay algo en donde volver a escribir”.

La intención, señaló, es generar una base sobre la cual la Junta pueda discutir, modificar y construir una nueva normativa.

Parlantes, motos y vehículos entre los principales problemas

Uno de los puntos centrales planteados por Pereyra es que la normativa vigente ya contempla diferentes aspectos relacionados con ruidos, zonas protegidas, vehículos, silenciadores, propaganda sonora, fiscalización y sanciones.

Sin embargo, sostuvo que actualmente existen nuevas situaciones que requieren respuestas específicas.

“Acá el problema pasa por los parlantes móviles, los caños de escape de las motos, los parlantes en los autos” y, agregó, por el uso de los espacios públicos sin contemplar a quienes viven en el entorno.

El edil hizo especial referencia a situaciones que se producen durante la madrugada, “a veces a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana”, afectando el descanso de los vecinos.

El problema de quién debe actuar

 Pereyra identificó además lo que definió como uno de los principales “cuellos de botella” que enfrentan actualmente los vecinos cuando realizan una denuncia.

Según relató, en determinadas oportunidades recurren a la Policía y reciben como respuesta que la situación no corresponde a sus competencias, mientras que al comunicarse con la Intendencia pueden encontrarse con una respuesta similar.

“Cuando los vecinos llaman, la Policía muchas veces dice que no le corresponde a ellos y a veces llaman a la Intendencia y la Intendencia dice que no corresponde a ellos”, explicó.

Por eso, uno de los objetivos del nuevo decreto es determinar con mayor precisión qué autoridad debe intervenir, además de establecer criterios objetivos para medir el ruido y garantizar los correspondientes procedimientos administrativos.

Un proyecto respaldado por un estudio jurídico y comparado

Pereyra explicó que para elaborar la iniciativa se realizó una evaluación jurídica, técnica y territorial. El trabajo incluyó el relevamiento de reclamos y fuentes de ruido, el análisis de la normativa nacional y departamental y la comparación con experiencias de otras jurisdicciones.

Entre los antecedentes estudiados mencionó regulaciones de Montevideo y Salto, así como experiencias internacionales de Buenos Aires, Córdoba, Chile y Curitiba.

Uno de los elementos analizados fue la posibilidad de establecer criterios diferentes según horarios, zonas y características de cada lugar. Pereyra ejemplificó que no puede evaluarse de la misma manera el nivel sonoro habitual de una zona con una parada de ómnibus que el de un parque, donde un ruido elevado puede resultar mucho más excepcional.

No fija todavía decibeles ni montos de las multas

El proyecto presentado no establece directamente cuáles serán los límites de decibeles ni cuánto deberán pagar quienes incumplan la futura normativa.

Pereyra explicó que esta decisión fue deliberada y que se prevé un plazo para complementar posteriormente el decreto mediante su reglamentación y los correspondientes análisis técnicos.

“Pasa a ser un decreto casi enunciativo. Sí, es la idea, porque tiene que estar en discusión para que todos tengamos de acuerdo qué es lo que hay que hacer”, sostuvo.

Entre las posibilidades que planteó aparece además la elaboración de un mapa de zonas con diferentes niveles de ruido, que permita determinar parámetros acordes a las características de cada sector de la ciudad antes de establecer los criterios sancionatorios.

Vecinos y una experiencia de la UTU de Sarandí del Yí

El proyecto también recoge lo trabajado en la Comisión de Convivencia, que recibió a vecinos el 13 de agosto y a representantes de la Intendencia el 27 de agosto.

Pereyra destacó además una experiencia surgida desde la comunidad educativa de UTU Sarandí del Yí, que trasladó al municipio inquietudes por los ruidos molestos.

Según explicó, desde el centro educativo se trabajó sobre el impacto del ruido en la comunidad e incluso en la posibilidad de desarrollar un sonómetro para realizar mediciones.

El edil destacó el involucramiento de los docentes Claudio Maggi, Claudio Embriago y Verónica Fernández, valorando que desde la educación también se generen aportes ante una problemática que afecta a los vecinos.

Una base para comenzar la discusión

Pereyra insistió en que la propuesta presentada debe entenderse como el comienzo de un proceso y no como un texto definitivo.

El objetivo será construir una normativa que permita compatibilizar actividades culturales, comerciales, recreativas y el uso del espacio público con el derecho de los vecinos al descanso y la tranquilidad.

El proyecto propone avanzar hacia “reglas claras, controles objetivos y sanciones proporcionales”, buscando actualizar una regulación que tiene casi tres décadas y adaptarla a problemáticas actuales como los escapes modificados, los equipos de sonido instalados en vehículos y el uso nocturno de espacios públicos.