El edil Enrique Antonio presentó un anteproyecto de decreto para modificar el Estatuto del Funcionario de la Intendencia de Durazno e incorporar normativa específica sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Sostuvo que el estatuto vigente, aprobado en 1967, no contempla conceptos como ajustes razonables, accesibilidad universal o protección especial. Además, solicitó realizar en la Junta una asamblea abierta sobre educación, virtualidad e inteligencia artificial.

Durante la sesión de la Junta Departamental, el edil Enrique Antonio presentó un anteproyecto de decreto que busca modificar el Estatuto del Funcionario para avanzar en la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral municipal.

El representante frenteamplista sostuvo que el Gobierno Departamental mantiene una deuda histórica con un sector de la sociedad que, según expresó, ha sido invisible durante demasiado tiempo para el Estado y la sociedad.

“Pretende modificar el Estatuto del Funcionario para que de una buena vez comencemos a saldar una deuda histórica que tiene nuestro Gobierno Departamental con un sector de nuestra sociedad”, afirmó.

Inclusión, capacitación y no discriminación

Antonio explicó que la modificación propuesta busca generar dispositivos adecuados para la inclusión de personas con discapacidad dentro del trabajo municipal.

El edil planteó que se trata de un imperativo ético vinculado a promover la inclusión, capacitar al funcionariado y construir ambientes laborales más justos y con mayores oportunidades.

“Proponemos incorporar en el Estatuto del Funcionario normativa propia que regule los procedimientos de inclusión y que combata activamente toda forma de discriminación”, expresó.

Marco legal nacional e internacional

 El edil fundamentó su iniciativa en la legislación vigente sobre discapacidad y derechos humanos.

Mencionó la Ley 18.651, de protección integral de personas con discapacidad, y la Ley 20.454, vinculada a los derechos y obligaciones del Estado con sus trabajadores y trabajadoras.

También señaló que la propuesta apunta a aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento jurídico uruguayo mediante la Ley 18.418.

Antonio sostuvo que la Junta Departamental, por su función legislativa, debe ser garante de los derechos de funcionarios y funcionarias del departamento.

Potestad de la Junta Departamental

El edil recordó que la Ley Orgánica Municipal 9.515, en su artículo 19, otorga potestades para legislar dentro de la jurisdicción departamental.

También mencionó el artículo 35, que establece el camino de promulgación conjunta con el Ejecutivo Departamental.

A partir de ese marco, sostuvo que los ediles representan a toda la población de Durazno y tienen la responsabilidad de garantizar derechos, especialmente de los sectores menos privilegiados.

“Nuestra intervención aquí tiene un objetivo claro: garantizar los derechos de los menos privilegiados”, afirmó.

Un estatuto “hijo de su época”

Antonio señaló que el Estatuto del Funcionario vigente fue aprobado por el Decreto 486 de 1967.

Si bien lo definió como un buen documento, sostuvo que responde a otro momento histórico y no contempla las necesidades actuales de trabajadores y trabajadoras con discapacidad.

“Es un buen documento, pero es un hijo de su época”, expresó.

El edil advirtió que el estatuto no habla de ajustes razonables, accesibilidad universal ni protección especial.

“El mundo cambió, las leyes cambiaron y nosotros no podemos quedarnos atrás”, sostuvo.

 “No es un capricho, es justicia social”

Antonio insistió en que la legislación sobre discapacidad no puede quedar como “letra muerta”, sino que debe transformarse en una herramienta concreta para cambiar realidades.

En ese sentido, remarcó que la modificación del estatuto no debe verse como una iniciativa aislada, sino como una obligación legal y moral.

“Esta modificación de estatuto no es un capricho, es de sentido común y de justicia social”, afirmó.

El edil sostuvo que los funcionarios y funcionarias con discapacidad actualmente se encuentran desprovistos de protección legal específica en sus lugares de trabajo, por lo que pidió avanzar hacia un gobierno departamental más inclusivo, accesible y justo.

Remisiones y convocatoria a la Comisión de Discapacidad

 Antonio anunció que hará llegar el anteproyecto a la Mesa de la Junta Departamental.

Solicitó que sus palabras sean remitidas a la Comisión de Legislación, a la Comisión de Derechos Humanos, al Ejecutivo Departamental, a ADOM y a la Federación Caminantes.

Además, pidió que la Comisión de Discapacidad reciba a Néstor Fernández, integrante de la mesa asesora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y a representantes de la Federación Caminantes.

Asamblea sobre educación, virtualidad e inteligencia artificial

En otro tema, Antonio solicitó que se pueda realizar en el recinto de la Junta Departamental una asamblea de la educación, con invitación abierta a ediles, edilas y ciudadanía en general.

El objetivo, según planteó, sería intercambiar y construir colectivamente sobre una materia esencial como la educación.

El edil propuso que la asamblea aborde el eje “virtualidad e inteligencia artificial: oportunidades y obstáculos para la educación en Uruguay”.

Pidió que este planteo sea remitido a la Comisión de Educación y Cultura, a Asuntos Internos y al Congreso de la Educación.