Edil propone facilitar las pruebas prácticas para licencias de camiones y maquinaria pesada además plantea cambios legales ante la destrucción de números de chasis y motores en motocicletas.

El edil Andrés Pereyra (Lista 4100, Partido Nacional) presentó en la media hora previa una propuesta para que la Intendencia de Durazno implemente mecanismos que permitan a los aspirantes rendir la prueba práctica para libretas de conducir de vehículos pesados. Según explicó, “hemos recibido de algunos vecinos que tienen problemas a la hora de sacar libreta, de pasar a categorías de alto porte”, lo que se debe principalmente a la falta de vehículos adecuados para realizar el examen.

En ese sentido planteó tres alternativas: “celebrar convenios con escuelas de conductores habilitadas para acceder a los vehículos”, el “arrendamiento de unidades por parte de la Intendencia” o “la adquisición de un vehículo que quede afectado al servicio de pruebas prácticas para esa categoría”. Agregó además que se podría estudiar “un convenio con la UCP o con el Sucive para financiar esos vehículos”.

Por otra parte, el edil se refirió a la jornada de formación de fiscales y jueces realizada recientemente, donde —según indicó— surgieron dificultades para aplicar el artículo 250 bis vinculado a los vehículos automotores. Señaló que existe “un problema bastante complicado con algunas personas que utilizan motocicletas y destruyen el número de chasis y el número de motor”, lo que dificulta la persecución penal.

A partir de ello anunció que la bancada nacionalista impulsará una iniciativa para modificar la normativa vigente. La propuesta busca “tipificar la destrucción total del número identificatorio”, incluir expresamente a “motocicletas, ciclomotores y cuatriciclos” y “concentrar la respuesta penal en una figura clara y unificada”, además de establecer agravantes cuando exista vínculo con organizaciones criminales o finalidad de comercialización.

Sostuvo que estos cambios “fortalecen la seguridad jurídica, facilitan la tarea de la Fiscalía y contribuyen a desarticular las estructuras criminales que operan en el mercado ilegal de vehículos y autopartes”, y remarcó que se trata de “una adecuación normativa necesaria para dar mayor coherencia y capacidad de respuesta frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas”.