Los equipos técnicos de la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) continúan recorriendo el país, acercando a las comunidades educativas la propuesta del Plan Nacional de Convivencia y Participación y las acciones promovidas en torno a la iniciativa “Tu voz, tu centro, tu acción”. 

El Plan Nacional de Convivencia y Participación constituye un marco de referencia dirigido a las comunidades educativas desde una perspectiva integral en clave ANEP, que apunta y se nutre del intercambio con los estudiantes, docentes y familias. 

Asimismo, reconoce y da respuesta a diversos planteos, inquietudes y propuestas de docentes y estudiantes. “Tu voz, tu centro, tu acción” es un documento vivo que promueve un conjunto de acciones a implementar en los centros educativos que se van ajustando, transformando y modificando de acuerdo a la política educativa, las necesidades del territorio y el seguimiento y monitoreo. 

En este sentido, desarrolla acciones organizadas en torno a siete ejes de trabajo: educación en derechos humanos, gestión y resolución de conflictos / mediación educativa, participación estudiantil, acoso entre pares / ciberacoso, educación psicosocioemocional, educación inclusiva, vínculo centro educativo-familia-comunidad y promoción de la participación de las niñas y adolescentes en las áreas de ciencia y tecnología. 

La estrategia apunta a referentes clave que tienen incidencia en la construcción de los proyectos de gestión de las comunidades educativas, y en la implementación de acciones específicas en temáticas transversales de derechos humanos tales como cuerpos inspectivos, equipos de dirección, adscriptos, docentes interesados en la temática, educadores FPB, referentes de protección a las trayectorias, referentes de educación sexual y equipos interdisciplinarios, y maestros comunitarios, entre otros. 

El Plan ya ha sido presentado en Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Flores, Florida, Canelones y Montevideo. 

 Uruguay reconoce en la Ley 17823 (Código de la Niñez y la Adolescencia) a las niñas, 

niños y adolescentes como titulares de derechos, deberes y garantías. Establece que por su 

condición de sujeto en desarrollo son beneficiarios de medidas especiales de protección por 

parte de la familia, la sociedad y el Estado (Uruguay, 2004, artículos 2 y 3). 

Acorde a estos postulados, el conjunto de resoluciones y protocolos emanados de la ANEP 

orientan las líneas de acción hacia la protección y garantía de derechos y hacia la promoción 

de una buena convivencia en los centros educativos. 

En el año 2022, se aprobó la versión actualizada para Educación Inicial y Primaria del «Mapa de 

Ruta para las situaciones de maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes detectadas en el ámbito escolar». El nivel de Educación Media cuenta con el Protocolo de intervención ante situaciones de violencia doméstica en adolescentes, con el Mapa de Ruta de Promoción de la Convivencia para Instituciones de Educación Media y con la versión actualizada del Mapa de ruta ante situaciones de Violencia hacia Adolescentes de Educación Media. 

Entre otros instrumentos que promueven la protección y promoción de buenos climas de convivencia y participación, se encuentra a través del Sistema de Protección a las Trayectorias Educativas (2016) el Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la Educación Inclusiva de las Personas con Discapacidad y las Acciones afirmativas hacia la población afrodescendiente y trans. 

Con respecto a esto, en el transcurso de los aprendizajes obtenidos en materia de convivencia desde la ANEP, se busca no solo mejorar y fortalecer los climas educativos a través de la participación activa, sino también trascender la «emergencia» (referida a la violencia en los centros de estudio). Es decir, impulsar buenas prácticas desde la promoción y prevención que aborden de forma continua (acorde a las necesidades e intereses) distintos ejes como parte de las dinámicas institucionales. En tal sentido, lograr una muy buena gestión de la convivencia refiere al instrumento que permite logros en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Trascender, por tanto, requiere propiciar procesos de inclusión social en pos de desarrollar sentido de pertenencia y fortalecimiento de los lazos institucionales. De manera que los acuerdos en convivencia contribuyen a las construcciones colectivas como escenario propicio y validado por la comunidad educativa. Este proceso reconoce y favorece con un lugar primordial a todos los niños y adolescentes como seres capaces de participar real y activamente. 

Se busca consolidar la creación de un Plan Nacional de Convivencia y Participación como política educativa requiere transversalizar a todos los subsistemas de la educación desde una mirada de convivencia y resolución de conflictos más allá de la noción de violencia y las prácticas basadas únicamente en acciones punitivas. A fin de transcender en propuestas que propicien el diálogo y prácticas promotoras de espacios participativos, el Plan propone sustituir el paradigma punitivo por un paradigma basado en la corresponsabilidad individual y colectiva. Pensar los centros educativos en dicha clave no significa incorporar una asignatura más, algo más que agregar a la currícula u obligaciones de la escuela. Educar en convivencia es basarse en acciones vivenciales de educación en derechos humanos, es reconocerlos como propios, incorporarlos, internalizarlos como algo inalienable de las personas. 

El ser humano como tal es portador indiscutible de derechos, ya que vive en sociedad con reglas de convivencias que necesitan de participación. Por lo tanto, para poder posicionarse realmente y dejar de ser una «asignatura más» y poder ser la cultura institucional que rige el accionar, deben promocionarse prácticas y valores, involucrando al estudiantado, a sus familias, referentes adultos, así como al colectivo docente y el no docente. 

Por tanto, pensar la dimensión de la convivencia en los centros educativos trae implícito necesariamente la protección y el respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que participan de dicho sistema. El enfoque de la convivencia son los derechos humanos desde su marco conceptual y también operativo, desde el punto de vista de la promoción y prevención de acciones en las comunidades educativas. Su objetivo es poder identificar, analizar e intervenir sobre las desigualdades y prácticas discriminatorias que obturan el pleno reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos. 

El PNCP se enfoca en todas las comunidades educativas de todos los subsistemas ANEP – Codicen (Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Dirección General de Educación Secundaria, Dirección General de Educación Técnico Profesional, Dirección de Jóvenes y Adultos y Centro de Formación en Educación). 

El objetivo general es orientar a los centros educativos a partir de un marco conceptual integral sobre convivencia y participación para todo el sistema ANEP que guíe su implementación a través de diversas acciones, proyectos, iniciativas que promuevan buenos climas de convivencia a partir de prácticas que garanticen el ejercicio efectivo de derechos con equidad de género, participación, inclusión, gestión institucional y territorial. 

Se busca continuar propiciando y fortaleciendo buenos climas educativos con el fin de contribuir a los procesos de enseñanza-aprendizaje y al bienestar y protección de niñas, niños y adolescentes garantizando el goce de derechos y donde se promueva el desarrollo de sus habilidades y potencialidades. 

Además se busca fortalecer a las comunidades educativas en sus capacidades técnico-profesionales a través de la sensibilización, promoción y comprensión de la convivencia como instrumento interviniente en los procesos de enseñanza-aprendizaje; promover la participación activa de todos los actores que integran las comunidades educativas en pro de una convivencia pacífica donde se dialogue, se promuevan y ejecuten propuestas conjuntas a través de proyectos educativos y potenciar la articulación interinstitucional, con enfoque territorial, con el fin de prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades y problemáticas que surjan en los centros educativos.