La actividad será en la Sala Lavalleja desde la hora 18.00 y convoca bajo el tema “Vejez y sociedad ¿cómo nos preparamos?”. Los disertantes en la ocasión serán el Dr. Alberto Beguiristain, la Dra. Soad Ayul, la Licenciada Agostina Russo y Analía Gougeón. Es organizada por Redam (Red de Adultos Mayores) e Inmujeres.
La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente como la ausencia de enfermedades o padecimientos. Llegar a la vejez gozando de buena salud y bienestar requiere un esfuerzo personal durante toda la vida y un entorno en el que ese esfuerzo pueda tener éxito.
Los avances en materia sanitaria han contribuido al incremento de la esperanza de vida. Pero dicho incremento no se da de manera uniforme a nivel mundial. En los países menos desarrollados obedece a una menor exposición a enfermedades infecciosas, a los mejores tratamientos, y a las recuperaciones más rápidas, más que a los avances en materia de nivel de vida. En los países desarrollados, en cambio, responde en mayor medida a un aumento de la esperanza de vida sana. Este indicador mide los años que se esperan vivir con buena salud y permite definir y monitorear la brecha respecto al indicador de esperanza de vida habitual, lo cual facilita una estimación del tiempo de vida en mal estado de salud.
La esperanza de vida al nacer en Uruguay es de 80.46 años para las mujeres y de 73.62 años para los varones. Si bien la esperanza de vida sana al nacer es mayor para las mujeres, la brecha respecto a la esperanza de vida habitual es mayor, lo que implica más años de vida carente de buena salud para ellas. En este sentido, estudios realizados en la región indican que las mujeres suelen pasar más años de vida con ciertas limitaciones funcionales que los varones debido a las inequidades sufridas en el transcurso de su vida.
Uruguay es un país que ha atravesado la transición epidemiológica, lo que implica que la presencia de las enfermedades infecciosas se ha visto reducida sustancialmente, mientras que, las enfermedades crónicas no transmisibles se han posicionado como la mayor causa de muerte en el país. Las enfermedades crónicas no transmisibles han cobrado un peso significativo dentro de las causas de defunción a raíz del desplazamiento de la mortalidad hacia las edades avanzadas. Estas enfermedades, tienen como característica un curso prolongado, no se resuelven espontáneamente y raramente se curan en forma completa. De acuerdo a los datos sobre mortalidad de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para América Latina, las enfermedades isquémicas del corazón constituyen las principales causas de mortalidad en la población adulta mayor, secundadas por las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, la diabetes mellitus y las neoplasias malignas de tráquea, bronquio y pulmón.
Las enfermedades, además de representar un riesgo de muerte en ciertos casos, también menoscaban el estado de salud de la personas, generando limitaciones a nivel cognitivo y funcional. Las principales causas de mortalidad constituyen también las principales causas de discapacidad y pérdida de autonomía y por ende afectan significativamente la calidad de vida de las personas. Las enfermedades crónicas incrementan la probabilidad de sufrir limitaciones de la capacidad funcional conforme aumenta la edad. De este modo, ellas suelen convertirse en un obstáculo para el desarrollo de una vida autónoma en la vejez y contribuyen a la incidencia de la dependencia a medida que aumenta el número de enfermedades.
Como objeto de política pública, el cuidado se instala en la agenda interpelando al Estado para que éste asuma protagonismo en su provisión, regulación y sobre todo en su rol de garante de este derecho. Esta concepción del cuidado como derecho cuestiona el modelo basado en el cuidado familiar, y fundamentalmente provisto por mujeres de forma no remunerada. Por otra parte, los países de la región se enfrentan a la llamada “crisis del cuidado”, proceso marcado por un aumento sostenido de las necesidades de cuidado al mismo tiempo que disminuyen las personas disponibles para cuidar. En la configuración de esta crisis, inciden ciertas transformaciones sociales que pueden clasificarse en políticoculturales (cuestionamiento del orden de género), demográficas (menor disponibilidad de cuidadores y mayor población demandante de cuidados), epidemiológicas, entre otras.
