La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Ximena Pardo, explicó los principales alcances de la asignación familiar única incluida en el proyecto de Rendición de Cuentas, iniciativa que busca unificar cuatro prestaciones sociales y ampliar la cobertura para familias con niños y adolescentes. Además, se refirió al debate sobre las contraprestaciones vinculadas a educación y salud, y adelantó los lineamientos que analiza el Gobierno para crear una causal de jubilación anticipada a partir de los 60 años, en el marco del diálogo social.

—La asignación familiar única es una de las principales propuestas del Gobierno en materia social. ¿Cuál es la idea del proyecto?

Lo que está incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas es la unificación de cuatro beneficios.

Hoy, si una persona tiene determinada situación en su hogar, puede necesitar la Tarjeta Uruguay Social y también la asignación familiar. Para acceder a ellas debe realizar dos trámites distintos. Se evalúa su situación dos veces; para uno necesita una visita y para el otro no, e incluso los resultados pueden ser diferentes.

Lo que se plantea es unificar la asignación familiar de la Ley Nº 15.084, del año 1980; la asignación familiar del Plan de Equidad, creada en 2008; la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza, que recibió un refuerzo en la Rendición de Cuentas de 2021.

La idea es convertir estos cuatro beneficios en uno solo, denominado Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia.

La implementación será gradual, porque existe una situación presupuestal compleja. No todas las personas pasarán automáticamente al nuevo sistema.

Si se aprueba la ley, el año próximo ingresarían los niños nacidos en 2025, 2026 y quienes nazcan durante ese año, además de las mujeres embarazadas.

Es en esas edades donde realmente se juega el partido. La alimentación y el desarrollo durante los primeros años son fundamentales.

El nuevo sistema contempla importes mayores. Habrá tres franjas, según la situación e ingresos del hogar: $10.000 para los hogares de menores ingresos; $6.600 para un segundo nivel y $3.300 para hogares con ingresos promedio. Estos montos corresponden a beneficiarios de entre 0 y 3 años.

Entre los 4 y los 17 años existirá otra escala de montos algo menor.

Es importante aclarar que esta política alcanza a unos 460.000 niños, niñas y adolescentes del país. No todos pertenecen a hogares pobres. Aproximadamente el 30 % vive en hogares pobres, pero el sistema alcanza al 55 % de la población infantil.

—Estos beneficios no están dirigidos únicamente a hogares en situación de pobreza. ¿Cómo funcionaría el nuevo sistema?

Pensemos en una madre sola, embarazada, con un hijo de un año y un ingreso de $57.000.

Hoy cobra una asignación familiar de aproximadamente $4.000. Con el nuevo sistema pasaría a recibir alrededor de $8.600, porque ingresarían tanto ella, por el embarazo, como el niño de un año.

La idea es que el sistema sea lo más equitativo posible.

Se trata de un hogar integrado por una sola persona adulta y dos niños pequeños. Con $57.000 de ingresos sabemos que la situación económica puede ser muy ajustada.

Estos beneficios no están destinados exclusivamente a hogares pobres.

Muchas veces hablamos de pobreza sin considerar el contexto. Una persona puede tener ingresos de $50.000 y no ser considerada pobre, pero si debe afrontar un alquiler, los servicios y otros gastos, igualmente puede atravesar dificultades.

Otro ejemplo, muy común en el interior del país, donde los salarios suelen ser más bajos.

Supongamos una pareja que entre ambos percibe $30.000. Ella está embarazada y tienen un hijo de un año.

Actualmente probablemente reciban la Tarjeta Uruguay Social, la asignación familiar y el Bono Crianza.

En total perciben unos $12.500.

Con el nuevo sistema pasarían a recibir alrededor de $20.000.

Como estos beneficios existen desde distintos momentos —la asignación familiar tradicional desde 1980, la del Plan de Equidad desde 2008 y el Bono Crianza reforzado durante el período anterior—, uno podría pensar que existe acuerdo político sobre la importancia de apoyar a las familias.

Las diferencias aparecen en aspectos instrumentales.

Por ejemplo, si el beneficio debe estar condicionado a la asistencia educativa, a los controles de salud o a la forma de pago.

Cuando un proyecto llega al Parlamento es importante distinguir qué aspectos responden a principios y cuáles son herramientas que pueden discutirse.

Si coincidimos en que este beneficio ayuda a igualar oportunidades y asegura un ingreso mínimo para hogares que pueden atravesar situaciones complejas, como una madre que pierde su empleo, entonces la discusión posterior puede centrarse en cómo se implementa.

Más que una política exclusiva para hogares pobres, apunta a igualar puntos de partida y garantizar un piso mínimo de ingresos.

—Uno de los cuestionamientos tiene que ver con las contraprestaciones vinculadas a la educación y la salud.

De los cuatro beneficios que se unifican, hay dos que actualmente no tienen condicionamientos: la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza.

No dependen de que el niño asista a la escuela ni de determinados controles de salud.

En el nuevo beneficio, aproximadamente el 20 % del monto estaría condicionado al cumplimiento de esos requisitos.

Es decir, si un niño no está inscripto en el sistema educativo o no cumple con los controles de salud, dejaría de percibirse ese 20 %.

Pero hay que mirar la realidad.

El año pasado, desde el BPS, la ANEP y el Mides se impulsó un proceso de revinculación educativa. No se esperó a que las familias presentaran constancias; se salió a buscarlas.

De los 460.000 beneficiarios de asignaciones familiares, únicamente poco más de 3.000 perdieron la prestación por no estar inscriptos en la enseñanza.

Eso demuestra que la enorme mayoría de las familias sí envía a sus hijos a estudiar.

Puede existir una minoría que no actúe como uno espera, pero la inmensa mayoría quiere que sus hijos tengan un futuro mejor.

Cuando se realizó ese proceso de revinculación, muchos de esos casos correspondían a adolescentes de alrededor de 14 años que no asistían porque estaban cuidando a sus hermanos o realizando tareas para sostener el hogar.

En muchos casos uno de los padres estaba privado de libertad, había desaparecido o ambos estaban ausentes, y esos adolescentes quedaban a cargo de vecinos o abuelos.

Entonces la pregunta es si corresponde retirarles el beneficio y dejarlos también sin ese ingreso que probablemente sostenga a toda la familia.

Hay que comprender la complejidad de esas situaciones.

Muchas veces no es que los padres no quieran enviar a sus hijos a estudiar, sino que existen circunstancias familiares muy difíciles.

Por eso surge la discusión sobre no condicionar la totalidad del beneficio a la asistencia educativa.

Si el sistema político entiende que ese 20 % debe modificarse, será una discusión que deberá darse en el Parlamento.

—Otro de los temas del diálogo social es la jubilación. ¿Existe la posibilidad de volver a jubilarse a los 60 años?

Ese es otro de los compromisos surgidos del diálogo social.

Todavía no existe un proyecto de ley, pero el Gobierno está trabajando en él y la intención es enviarlo próximamente al Parlamento.

No se trata de volver a la jubilación obligatoria a los 60 años.

Lo que se plantea es crear una causal de jubilación anticipada, que pueda utilizarse a partir de esa edad.

Actualmente existen algunos sectores que ya pueden jubilarse a los 60 años, como los trabajadores rurales y de la construcción.

Yo integré la Comisión de Expertos que analizó la reforma previsional durante el período anterior y ya sostenía esta posición.

Hoy la ley establece que quienes se jubilen hasta 2032 mantienen la edad de 60 años.

A partir de 2033 comienza un aumento gradual hasta llegar a los 65 años para las generaciones nacidas desde 1977 en adelante.

Existen dos excepciones: las largas carreras laborales y los regímenes especiales, como el rural y la construcción.

Lo que observamos hoy es que el mercado de trabajo está cambiando debido a la transformación tecnológica.

No sabemos qué sectores tendrán trabajadores desplazados. Probablemente sean muchos.

Las tareas más rutinarias son las que presentan mayor riesgo.

Imaginemos una persona cuya edad de retiro sea de 65 años.

Si pierde el empleo a los 59 años, tendrá un año de seguro de desempleo.

Al cumplir 60, si no reúne los años mínimos de aportes, deberá esperar hasta los 65 para acceder a una jubilación.

Ese es un vacío de cobertura.

Y no solo representa un problema para las personas, sino también para el Estado, porque genera otros costos.

Los estudios internacionales muestran que, cuando se eleva la edad de retiro, aproximadamente la mitad de las personas continúa trabajando y la otra mitad pasa a subsidios por enfermedad o incapacidad.

Por eso proponemos una causal anticipada.

Quien quiera utilizarla podrá hacerlo, pero recibirá un monto menor, porque comenzará a cobrar antes.

La lógica es mantener el equilibrio financiero.

Se trata de adelantar el cobro de la jubilación calculando el equivalente financiero.

Para aproximadamente dos tercios de las personas eso implica cobrar menos.

En cambio, un tercio, que recibe subsidios importantes, incluso podría percibir un monto algo superior.

No se busca que todos se jubilen antes.

Es una herramienta disponible para quien la necesite.

—¿Qué ocurrirá con la posibilidad de jubilarse y seguir trabajando?

Eso no cambia.

Nadie perderá los derechos que tiene actualmente.

La única incompatibilidad será para esta nueva causal anticipada, porque justamente es un derecho que hoy no existe y se crea con ese objetivo.

Quien se jubile mediante esa causal no podrá continuar trabajando.

En cambio, quien se jubile a los 65 años mantendrá la compatibilidad vigente entre jubilación y trabajo.

Ninguno de los derechos actuales se pierde.