La situación que atraviesa el frigorífico BPU y la preocupación de los trabajadores fueron el punto de partida de una entrevista con el diputado Raúl Licandro. Durante la conversación también se refirió al funcionamiento del seguro de paro en la industria frigorífica, al rol del Parlamento frente a estos conflictos y al debate generado por la utilización de vehículos blindados por parte del Ministerio del Interior.

—Raúl, gracias por recibirnos. Queríamos conversar contigo porque, como estás subrogando la diputación, hoy hay muchos temas que abarcan tanto la realidad nacional como la departamental. Arrancamos por lo departamental y tiene que ver con esta movilización en BPU y la situación complicada que están viviendo los obreros. Contame.

—Hasta ahora no es mucha la información que tenemos, más que nada el comunicado de los trabajadores y algunos comentarios que habíamos recibido previamente. Nosotros lo encuadramos dentro de un problema que atraviesa toda la industria frigorífica.

Principalmente, las dos grandes empresas brasileñas que hoy concentran más del 50 % del mercado. Estoy hablando de Minerva y Marfrig. Eso ya lo habíamos conversado en otra oportunidad.

Minerva tiene cuatro frigoríficos, entre ellos BPU. También tiene el Frigorífico Carrasco, que desde hace meses viene arrastrando un seguro de paro. Hace poco, incluso, el Parlamento aprobó una extensión de ese seguro de paro, que vencía precisamente ese día.

Nos preocupa porque vemos, por parte de estas dos empresas brasileñas, que tienen gran parte del mercado uruguayo de carnes, un manejo que entendemos no es apropiado de una herramienta como el seguro por desempleo.

Hemos visto que, aparentemente, se utiliza como una medida de ajuste de sus números. Mientras BPU tenía trabajadores en seguro de paro, el Frigorífico Carrasco estaba trabajando a pleno, cuando ambos pertenecen al mismo grupo económico.

Tenemos que analizar esa situación. El propio sindicato ha señalado que existe un manejo inadecuado de un beneficio que es un derecho de los trabajadores y que, por supuesto, nosotros respaldamos.

Recordarán que, durante el conflicto anterior y el envío de trabajadores al seguro de paro, todo terminó con una pérdida salarial. Muchos trabajadores dejaron esa fuente laboral, otros tuvieron que reconvertirse y, durante ese período, Durazno sintió el impacto, porque buena parte de los salarios que genera BPU se vuelcan en el comercio local, tanto pequeño como grande.

Ahora volvemos a estar en una situación complicada.

—¿Es similar o peor?

—Estamos en una etapa de preconflicto. Los trabajadores hablan de problemas en las condiciones laborales, falta de mano de obra y mucha rotación de personal.

Hay trabajadores que ingresan sin conocer el oficio y, a los tres meses, son rotados. Eso implica un esfuerzo permanente de formación por parte de quienes ya están trabajando y, al no haber suficiente personal, se genera una sobrecarga.

Además, hay un dato que no puede pasarse por alto. Si se observan las estadísticas de enfermedades profesionales atendidas por el Banco de Seguros del Estado, aproximadamente el 75 % —si no me equivoco— corresponde a trabajadores de la industria frigorífica.

Es un sector extremadamente sensible desde el punto de vista de las enfermedades profesionales. Cuando se habla livianamente de ausentismo, quienes lo hacen deberían detenerse un momento y analizar esta realidad antes de emitir determinadas opiniones.

Creo que la industria frigorífica atraviesa dificultades vinculadas al mercado, al precio internacional de la carne o a la oferta de ganado, como ocurre en cualquier actividad. Sin embargo, lamentablemente, la variable de ajuste en estas grandes empresas termina siendo, una vez más, el trabajador.

—En la oportunidad en que se supo que BPU pasaría a manos de Minerva, tú y yo estuvimos conversando y sabíamos que la empresa ya traía ciertos antecedentes. ¿No se previó que esto pudiera pasar? Porque, prácticamente, iba a manejar con absoluta seguridad no solamente el mercado laboral, sino también el económico, es decir, el precio de la carne.

—Lo que intentó Minerva fue adquirir más frigoríficos, y eso fue frenado tanto en el período pasado como en este gobierno.

Ahora bien, todo lo que tiene que ver con el manejo del personal es otra discusión. Cuando Minerva ingresó a BPU firmó un convenio con los trabajadores por un año, comprometiéndose a no realizar innovaciones. Pasó ese año y comenzaron los envíos al seguro de paro, los despidos y la rebaja de determinadas condiciones.

Ahí están las leyes del mercado, las leyes laborales que hay que cumplir y, por supuesto, la lucha del sindicato.

Cuando una empresa con mucho capital, con presencia en varios frigoríficos de Uruguay y de la región, enfrenta un conflicto, tiene la capacidad de resistir y apostar al desgaste de los trabajadores.

Eso fue lo que ocurrió acá en Durazno. Los trabajadores, producto del agotamiento y de la necesidad de volver a su fuente laboral, terminaron cediendo parte de los beneficios y de los derechos adquiridos en materia salarial para poder reintegrarse.

Son prácticas que creemos equivocadas y que no corresponden.

También hay otros frigoríficos en Durazno con muy malas prácticas laborales, como Frigo Cerro, al que siempre hemos señalado como uno de los peores patrones del sector.

Otros, en cambio, cumplen con los convenios colectivos y mantienen buenas condiciones de trabajo, como Frigocerro Yi, ya que nombramos a los demás.

Creo que la unidad de los trabajadores y su organización son fundamentales para la defensa de sus derechos, porque, al final, siempre terminan siendo el eslabón más débil. Es por donde generalmente se corta el hilo.

—¿Cómo se sigue?

—Ahora estamos intentando coordinar acciones desde el Parlamento.

Lo hemos conversado con la senadora Constanza Moreira sobre el manejo del seguro de paro. También hemos mantenido contactos con el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, que es quien tiene responsabilidad en esta área. Tenemos pendiente una reunión con él.

Además, hemos estado en contacto con Martín Cardoso, de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne, y también debemos conversar con los trabajadores de Durazno.

La idea es aportar desde el Parlamento, especialmente en todo lo relacionado con el funcionamiento del seguro de paro.

Cada vez que este tema llega a la Cámara —y a mí ya me tocó votar dos extensiones, una para el Frigorífico Carrasco y otra para el Frigorífico Casa Blanca, esta última como consecuencia de la estafa de Conexión Ganadera— siempre se plantea la misma discusión: hasta qué punto algunas empresas terminan aprovechándose de esta herramienta y utilizan el seguro de paro en beneficio propio, cuando en realidad fue creado como un derecho para los trabajadores.

En contrapartida, para muchas familias ese ingreso representa lo único que les permite sostenerse mientras dura la suspensión laboral.

Por eso creemos que hay que tomar medidas.

—Raúl, ahora sí pasamos a la actividad parlamentaria. Aunque, en realidad, también podemos hablar de un tema que involucra tanto a Durazno como a la Cámara de Diputados. Me refiero al debate sobre seguridad, al Ministerio del Interior y a la colaboración del Ministerio de Defensa con vehículos blindados donados por Estados Unidos. Algunos referentes del Frente Amplio rechazan esa decisión y otros la consideran una herramienta válida para combatir el delito. ¿Cuál es la posición de la bancada y la tuya en particular como diputado?

—Pienso que, antes que nada, hubo un problema en la forma en que se comunicó este tema.

La información surgió de una reunión de la Comisión de Seguridad de la Cámara con autoridades del Ministerio del Interior y, posteriormente, se filtró a la prensa. No fue la mejor manera de comunicarlo.

—¿Vos creés que el Frente Amplio está comunicando mal?

—Sí, creo que sí. En realidad, diría que el problema es del Gobierno. Hay que diferenciar lo que es el Gobierno de lo que es el Frente Amplio como fuerza política.

En este caso, incluso lo ha señalado el propio Marcos Carámbula, una figura de referencia dentro del Frente Amplio por su trayectoria y su capacidad política. Él manifestó su preocupación y se reunió con el presidente de la República.

No creo que estemos frente a un problema grave, pero sí frente a un problema de comunicación.

Comunicar no es llenar todos los medios de información. Comunicar es saber qué hay que comunicar y cómo hacerlo.

En este tema, entiendo que ese fue el principal inconveniente.

No estamos hablando de que la seguridad interna pase a manos de las Fuerzas Armadas. Hoy ya existen algunas áreas donde el Ejército participa, como la Guardia Perimetral en las cárceles o la vigilancia en determinadas zonas de frontera, algo que viene del período anterior.

Por eso hay que poner las cosas en su justa dimensión.

En este caso, lo que se plantea es ceder algunos vehículos blindados que hoy están en depósitos, sin uso. No sé si serán exactamente los que fueron donados por Estados Unidos o si serán otros.

—Claro, porque inicialmente se habló de los vehículos que participaron en misiones en Mozambique y el Congo.

—Sí. Primero se habló de esos, después de otros. Pero lo importante es que son vehículos que pasarían a ser utilizados por el Ministerio del Interior para recorridas o para intervenciones en determinadas situaciones.

Si ese es el alcance, no estamos frente a una participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, algo que, incluso, tampoco interesa a las propias Fuerzas Armadas.

Cuando se discutió la Guardia Perimetral en las cárceles, hubo integrantes del propio ámbito militar que manifestaron resistencia, y es lógico, porque no es su función.

—También el protocolo de actuación es completamente diferente.

—Claro. Los soldados están formados y preparados para otras tareas.

Yo no me imagino a un soldado realizando tareas de inteligencia en un barrio para identificar una boca de venta de pasta base.

Tampoco me imagino a un soldado haciendo policía comunitaria, recorriendo una plaza y conversando con los vecinos para conocer la realidad del lugar.

Esas son funciones propias del Ministerio del Interior.

Por eso no hay que mezclar responsabilidades ni trasladar funciones de una institución a otra.

Creo que lo que ocurrió fue, fundamentalmente, un problema de comunicación.

—¿Por qué creés que el ministro Castillo mantiene una postura tan crítica? Civila planteó que primero hay que entender bien cuál es el objetivo, pero Castillo insiste en que no quiere ver tanquetas en las calles.

—Eso habría que preguntárselo a él.

Obviamente, a mí tampoco me gusta ver tanquetas ni presencia militar en la vía pública.

Pero, según lo que se ha comunicado, esos vehículos serán adaptados. Se les retirará el armamento que tenían originalmente, se los identificará como vehículos del Ministerio del Interior y pasarán a cumplir otra función.

La idea principal es brindar mayor protección a los policías cuando deban intervenir en situaciones complejas, ya sea en determinados barrios o en cualquier otro escenario donde exista un riesgo importante.

No necesariamente tiene que tratarse de un barrio. Puede darse una situación grave en cualquier punto del país.

Por eso creo que hay que quitarle dramatismo al tema, pero sin bajar la guardia.

La seguridad interna es responsabilidad del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa.

Quienes interpretan esta medida como el comienzo de una intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, a mi entender, están equivocados.

—Aprovechando este tema, me comentabas que próximamente estaría llegando a Durazno el ministro del Interior.

—Sí. La fecha prevista es el 8 de julio. En principio, estaría recorriendo el departamento junto a otras autoridades, como parte de las visitas que vienen realizando los ministros al interior del país.

—¿Podría coincidir con la inauguración de las instalaciones de la Guardia Republicana?

—Es posible. Al menos por la información que tengo, podría inaugurarse la infraestructura física de la Guardia Republicana.

No sé si ese mismo día comenzará formalmente el funcionamiento de la unidad, pero sí existe esa posibilidad.

—Muchas gracias por este tiempo.

—Gracias a ustedes.