Leonella Camejo participó de una reunión de la Comisión Departamental del INBA, donde se abordaron las castraciones, la tenencia responsable, la problemática de los perros sueltos y la necesidad de avanzar hacia una legislación que penalice el maltrato animal.
—Vamos a empezar con esta reunión que te acabamos de encontrar acá y te agradecemos la espera en la Dirección Departamental de Salud. La gente te conoce como coordinadora del MIDES, pero acabás de salir de una reunión con el INBA. ¿Sos coordinadora de qué? Contame, porque esto también es nuevo.
—Otra cosa más para mí. Hace muchos años soy representante de las protectoras a nivel departamental, en este caso de OBA, la Organización de Bienestar Animal. También represento a Urgencia Animal, si bien no tiene personería jurídica. Fui designada como representante en la Comisión Departamental del INBA.
El INBA es el Instituto Nacional de Bienestar Animal. Funciona en su sede central en Montevideo y hay distintos departamentos que cuentan con comisiones departamentales, como el nuestro, que ya viene funcionando desde hace mucho tiempo. Por suerte, antes faltaba alguna representación institucional y ahora la Comisión Departamental está más fortalecida. Además, soy representante de las protectoras a nivel nacional.
—¿De qué se habló hoy en esta reunión, cuando existe tanta conflictividad por los perros sueltos y las jaurías, especialmente para los productores del interior?
—Con respecto a las jaurías, ahí hago una aclaración. A veces se dice que no son jaurías porque la gran mayoría de esos animales, lamentablemente, tienen tenedores que no son responsables. La gente comúnmente habla de «dueños», pero en realidad esos animales sí tienen responsables; no son perros salvajes criados en libertad. Muchas veces incluso se los identifica por el chip y resulta que viven en la calle.
Hoy hablamos sobre una experiencia realizada recientemente en La Paloma, donde se hizo un relevamiento que sorprendió a todo el equipo porque la realidad fue peor de lo esperado: se constató que hay muchos más animales por familia de los que se estimaban.
Ese trabajo se realizó con apoyo de la Facultad de Veterinaria, el INBA Nacional, el Ministerio de Ganadería y Zoonosis. Se llevó adelante un censo, se informó previamente a la población y la idea es tomar esa experiencia como modelo para otras localidades. Posteriormente, los días 9 y 10 se realizarán jornadas de castración.
También hablamos del calendario de castraciones impulsado por la Intendencia Departamental, que en esta oportunidad asumió la iniciativa de forma exclusiva, antes incluso de la firma del convenio con el INBA Nacional.
El cronograma comienza el 1.º de julio. Las castraciones se realizarán en el local de Las Higueras, cedido por el MIDES, pero también recorrerán distintos barrios, los CIB y localidades del interior. La actividad se extenderá durante gran parte del mes de julio. Ante cualquier duda, la población puede consultar en la Intendencia o en los CIB, donde además deberán inscribirse previamente.
—O sea que todavía estamos a tiempo.
—Sí. Quienes estén interesados pueden consultar en el CIB de su barrio. Allí les brindarán información y podrán agendarse presentando la cédula del responsable del animal. Las castraciones son para perros y gatos.
—Hablábamos recién de la realidad de los perros con propietarios que permanecen sueltos, provocan siniestros viales y mordeduras. Días pasados conocimos una actuación judicial donde una persona que mató a un gato recibió una condena, pero mediante una especie de ingeniería jurídica. ¿Qué ocurrió?
—Nuestro país todavía no cuenta con una ley que penalice específicamente el maltrato animal. Existen sanciones administrativas porque desde hace años tenemos una Ley de Bienestar Animal que prohíbe el maltrato en todas sus formas. Esa normativa prevé multas y otras sanciones administrativas.
—¿Cómo se trabajó jurídicamente ese caso?
—La fiscal debió encuadrar los hechos dentro de figuras penales ya existentes. Aprovecho que soy abogada, aunque no me considero penalista en honor a quienes realmente ejercen esa especialidad.
Para poder penalizar una conducta, esta debe encuadrarse dentro de un delito previsto por la ley. En este caso, la fiscal utilizó la figura de violencia privada, entendiendo que la agresión al animal implicaba obligar a la propietaria a tolerar un hecho que no quería.
Además, el hombre sacó al gato de la vivienda y, como lamentablemente las mascotas siguen siendo consideradas cosas por un Código Civil muy antiguo, también se configuró un hurto agravado. El Código Civil aún clasifica a los animales como bienes semovientes, es decir, cosas que pueden trasladarse por sí mismas. Entonces se entendió que había sustraído una cosa del domicilio de su propietaria.
Por eso hablamos de ingeniería jurídica: hubo que recurrir a figuras penales existentes porque todavía no existe un delito específico de maltrato animal.
—¿Se está trabajando para cambiar esa situación?
—Sí. Se han presentado distintos proyectos de ley para penalizar el maltrato animal. Algunos continúan a estudio. Lo que reclamamos es justamente que esas conductas sean tipificadas como delito.
Detrás de actos tan sádicos y violentos hacia los animales suelen esconderse otras conductas violentas. Además, la sociedad no tiene por qué tolerar ese tipo de hechos. Una agresión de esa naturaleza contra un animal indefenso genera rechazo y merece una respuesta penal.
—Volviendo a otro tema, ¿cómo se responsabiliza al propietario cuando hay mordeduras, siniestros o ataques a animales de producción, si muchas veces no existe documentación que identifique al responsable? El chipeado no dio los resultados esperados.
—En realidad no es tan complejo. El Código Civil establece la responsabilidad del propietario y, junto con la Ley de Bienestar Animal, determina claramente cómo debe ejercerse la tenencia.
No se necesita exclusivamente documentación ni el chip para establecer quién es responsable. Incluso hubo un accidente grave en el que el chip figuraba a nombre de una rescatista, porque ella había realizado el proceso de castración e identificación, pero se comprobó que el animal estaba bajo la tenencia de otra persona.
Lo importante es determinar quién tiene efectivamente el animal, quién le da de comer y dónde permanece habitualmente. Esa es la tenencia y permite establecer la responsabilidad civil. Si ocurre un daño, corresponde realizar la denuncia y la persona responsable debe responder civilmente por los perjuicios ocasionados por el animal que tiene a su cargo.
—Hoy entrevistábamos a Inés Colina, directora del Departamento de Servicios, quien anunció un relevamiento de mascotas y propietarios a nivel departamental. También señaló que las castraciones financiadas por la Intendencia no incluirán perros de raza, porque entiende que sus propietarios tienen capacidad económica. ¿Cómo lo ven ustedes?
—Eso está bien. Desde una postura animalista estamos en contra del comercio de animales, pero la actividad está regulada. Para tener un criadero se deben cumplir determinadas condiciones previstas por la normativa.
El problema en Durazno es que muchas personas venden animales por Facebook sin cumplir con esas exigencias legales.
—Y eso ocurre habitualmente.
—Exactamente. Quienes compran esos animales también participan de una práctica que no se ajusta a la normativa, porque esos ejemplares no provienen de criaderos registrados que cumplan con las condiciones establecidas.
Además, muchas razas requieren procedimientos especiales para ser castradas. Por ejemplo, los bulldog francés y otras razas braquicéfalas necesitan mayores cuidados por sus problemas respiratorios. Esas intervenciones no están contempladas dentro de las castraciones económicas que financia la Intendencia.
—¿Cómo continúa el trabajo después de esta reunión?
—Tenemos previsto desarrollar un proyecto educativo. Acordamos priorizar la sensibilización y la educación junto al Colegio Veterinario de Durazno.
También me puse a disposición como docente y especialista en bienestar animal para participar en esa iniciativa. Vamos a presentar un proyecto ante la Inspección de Educación y trabajar con distintas instituciones educativas.
Además, participó la Policía Rural y acordamos realizar otra charla, como la que se llevó a cabo el año pasado. Ya fijamos una reunión para fines de julio con el objetivo de evaluar las jornadas de castración y organizar un calendario de actividades de sensibilización y educación.
