La comparecencia del intendente Felipe Algorta y representantes del consorcio responsable del Durazno Shopping Terminal ante la Junta Departamental dejó una extensa ronda de consultas de ediles de distintos partidos. Plazos de obra, garantías financieras, modificaciones del proyecto, accesibilidad, encomiendas, comercios locales y acceso al contrato fueron algunos de los puntos planteados durante la instancia.

por Enrique Antonio

La presentación del proyecto Durazno Shopping Terminal ante la Junta Departamental no se limitó a una exposición técnica. Luego de la intervención del ingeniero Marcos Taranto, representante del grupo inversor, varios ediles trasladaron inquietudes vinculadas al avance real de la obra, los plazos, el cumplimiento contractual y los impactos que la construcción viene generando en el funcionamiento cotidiano de la terminal.

La instancia había sido solicitada en un contexto de creciente debate público sobre el proyecto, considerado una de las inversiones privadas más importantes actualmente en desarrollo en el departamento.

Montes de Oca pidió certezas sobre plazos, permisos y respaldo financiero

El edil Gabriel Montes de Oca, del Partido Colorado, abrió la ronda de intervenciones agradeciendo la presencia del intendente y del consorcio, y señaló que la comparecencia era necesaria para brindar información directa sobre un tema instalado en la opinión pública.

El legislador aclaró que el actual gobierno departamental heredó una situación ya encaminada desde el punto de vista contractual y administrativo, pero remarcó que la ciudadanía necesita certezas sobre el estado actual de la obra, los plazos y la viabilidad de ejecución.

Entre sus consultas, preguntó por la fecha de otorgamiento de los permisos de construcción, las habilitaciones necesarias, la firma del acta de inicio de obra, el cronograma vigente y la evaluación institucional sobre la capacidad económica de la concesionaria.

También pidió conocer si las modificaciones introducidas al proyecto eran ajustes normales de ejecución o cambios sustanciales que pudieran incidir en los tiempos previstos.

Desde el Ejecutivo, el intendente Felipe Algorta respondió que su administración ha trabajado para encauzar diferentes aspectos del proyecto, especialmente en coordinación con empresas de ómnibus y la concesionaria. Defendió la inversión y aseguró que, de haberle tocado actuar en la etapa inicial, habría respaldado el proyecto de la misma manera que lo hizo la administración anterior.

El doctor Gonzalo Espínola, en representación del Ejecutivo, detalló que el permiso de construcción principal fue ingresado el 16 de mayo de 2025 y aprobado el 24 de junio del mismo año. Además, indicó que otro permiso vinculado a obras de urbanización fue aprobado el 26 de junio de 2025.

También aclaró que el acta de inicio de obra fue firmada el 28 de enero de 2026 y que, según el contrato, el plazo de ejecución comienza a contar desde esa fecha.

Díaz Landoni cuestionó demoras y pidió soluciones para usuarios de la terminal

El edil Gabriel Díaz Landoni, del Partido Nacional, realizó una de las intervenciones más extensas de la jornada. Comenzó valorando la presencia del consorcio y del Ejecutivo, aunque lamentó que la información no hubiera circulado antes de forma más fluida.

Recordó que desde el período anterior existían pedidos de informes y dudas vinculadas al proyecto, la licitación y la concesión a 50 años. También mencionó cuestionamientos previos sobre el costo de los estudios de factibilidad y los mecanismos previstos en caso de que otra empresa resultara adjudicataria.

Díaz Landoni sostuvo que su intención no era poner “palos en la rueda”, sino obtener respuestas sobre temas que preocupan a los usuarios y a los trabajadores. En ese sentido, planteó inquietudes sobre el acceso a encomiendas, la movilidad de personas con discapacidad, la espera de taxis en días de lluvia y la necesidad de generar condiciones mínimas de resguardo para pasajeros.

El edil también preguntó por el canon previsto en la licitación, mencionando una cifra destinada a las arcas municipales y otra a la Fundación Impacto Las Higueras. Además, insistió en conocer cuándo comenzaría una etapa de obra con mayor contratación de trabajadores locales.

Taranto respondió que recibía los planteos como preocupaciones genuinas y no como una postura contraria al proyecto. Defendió que la concesión a 50 años es una modalidad habitual en proyectos de esta escala, ya que al final del período la inversión retorna a la ciudad.

Sobre los plazos, sostuvo que la obra se encuentra en sus primeros meses de ejecución desde la firma del acta de inicio, y explicó que el crecimiento del proyecto —de 8.900 a 12.600 metros cuadrados— implica una ampliación natural de los tiempos, llevando la previsión de apertura a diciembre de 2027, salvo situaciones extraordinarias.

Respecto al canon para Impacto Las Higueras, aclaró que el aporte será coordinado directamente entre las partes y la institución beneficiaria, y señaló que el equipo del proyecto tenía previsto reunirse con la fundación para definir formas de colaboración, ya sea mediante aportes económicos u obras.

En cuanto a la operativa de la terminal, Taranto consideró razonable evaluar mejoras para quienes esperan taxis y afirmó que las encomiendas no son vistas como una molestia, sino como parte de la clientela que el futuro shopping debe atender.

También aseguró que el 100% del complejo será accesible, no solo por obligación normativa, sino por política de la empresa.

Pedro Hernández reclamó más información para la Junta

El edil Pedro Hernández, del Frente Amplio, centró su intervención en el rol de la Junta Departamental como parte del gobierno departamental. Aclaró que su bancada no cuestiona la inversión ni la capacidad de la empresa, pero sostuvo que el cuerpo legislativo no tuvo suficiente intercambio posterior a la autorización inicial.

Hernández recordó que la Junta había autorizado la concesión para iniciar el proceso licitatorio, pero afirmó que luego no se brindó información suficiente sobre aspectos como impacto ambiental, movilidad, ordenamiento territorial y cambios de circulación.

Su planteo apuntó principalmente al Ejecutivo Departamental: pidió conocer si esos estudios fueron realizados y por qué la Junta tomó conocimiento de parte del proyecto recién cuando varios aspectos ya estaban definidos.

También se refirió a las dificultades actuales de la terminal y a la necesidad de que el proyecto no se transforme solamente en una obra privada, sino que mantenga una adecuada coordinación institucional.

Rizzo consultó por comercios locales y condiciones preferenciales

El edil José Rizzo, del Frente Amplio, planteó una preocupación vinculada a la participación de comercios duraznenses dentro del futuro centro comercial.

La respuesta del consorcio fue afirmativa. Taranto sostuvo que los comercios oriundos del departamento tendrán condiciones preferenciales tanto en el derecho de admisión como en el alquiler.

El representante del grupo inversor indicó que ya existieron consultas de comercios locales, aunque aclaró que la mayoría de los interesados pertenecen a rubros que habitualmente se instalan en shoppings. De todos modos, ratificó que la voluntad es incorporar propuestas del departamento y que esa posibilidad forma parte de la política del proyecto.

Claudio González pidió copia del contrato

El edil Claudio González, del Frente Amplio, valoró la comparecencia y sostuvo que este tipo de instancias fortalecen el funcionamiento democrático de la Junta Departamental.

Más que una pregunta, realizó un pedido concreto al intendente: que los ediles accedan a una copia del contrato firmado el 29 de abril de 2025.

González señaló que existe una situación de asimetría, porque el Ejecutivo y el consorcio cuentan con el contrato y asesoramiento técnico, mientras que no todos los ediles han podido acceder al documento. Recordó que la semana anterior ya habían realizado un pedido de informes solicitando copia del contrato.

El planteo apuntó a fortalecer la tarea de contralor del cuerpo legislativo y permitir que todos los ediles puedan analizar el proceso con la misma información.

Las principales respuestas que dejó la comparecencia

La instancia permitió ordenar varias definiciones importantes sobre el proyecto:

El acta de inicio de obra fue firmada el 28 de enero de 2026.

El plazo contractual de 18 meses corre desde esa fecha.

La empresa sostiene que la obra no está atrasada.

La inversión prevista pasó de unos 17 millones de dólares a aproximadamente 22 millones.

El área construida proyectada creció de 8.900 a 12.600 metros cuadrados.

El proyecto prevé una apertura para diciembre de 2027.

El pico de empleo durante la obra se estima en 308 trabajadores.

El complejo proyecta más de 720 empleos permanentes una vez operativo.

El shopping contará con más de 50 locales.

TaTa fue confirmado como tienda ancla, junto a otros operadores ya anunciados como Farmashop y Perfumería Vela.

La terminal será reformada con 11 andenes, dársenas para taxis y sectores específicos para encomiendas.

El consorcio afirmó que buscará maximizar la contratación local y que los comercios duraznenses tendrán condiciones preferenciales.

Una instancia que buscó bajar incertidumbres

La comparecencia dejó en evidencia que el proyecto genera expectativas importantes, pero también dudas legítimas en torno a plazos, funcionamiento de la terminal durante la obra, accesibilidad y generación de empleo.

El consorcio insistió en que Durazno Shopping Terminal “es una realidad” y que la mirada debe ser a largo plazo, mientras que los ediles reclaman información, controles y soluciones para los problemas cotidianos que ya se están generando en el entorno de la terminal.

Más allá de las diferencias, la instancia permitió colocar sobre la mesa una idea compartida por todos los sectores: la necesidad de que una inversión de esta magnitud se concrete, pero con transparencia, seguimiento institucional y beneficios reales para Durazno.