Gabriel Sánchez, dirigente sindical del SUNCA, se refirió en Durazno a la situación del empleo, las inversiones públicas y privadas, el rol del Estado y la discusión sobre una eventual reforma tributaria. También cuestionó la postura empresarial ante la negociación colectiva y defendió medidas para mejorar salarios y condiciones laborales.

Gabriel Sánchez, dirigente del SUNCA, analizó la situación del empleo y las inversiones en Uruguay durante una entrevista realizada en Durazno, donde también se refirió a la negociación colectiva, la inversión pública y la distribución de la riqueza.

Al comienzo de la entrevista sostuvo que el debate sobre desempleo, inversiones y gasto público debe analizarse en profundidad y contemplando las diferencias entre Montevideo y el interior del país.

“La inversión pública tiene un impacto a corto, mediano y largo plazo, que no tiene nada que ver con una actividad privada que viene por algo particular”, expresó.

En ese sentido, señaló que el Estado debería tener mayores recaudos respecto a algunas inversiones privadas que llegan al país.

“Llegan inversiones y se les exonera mucho impuesto, se les dan muchas facilidades fiscales y es la población la que renuncia a esos recursos. Eso después significa menos jueces, menos hospitales y menos inversión social”, afirmó.

Sánchez remarcó que muchas veces la inversión pública en los departamentos se traduce en obras básicas con impacto directo sobre la economía local.

“Una escuela, una carretera o el alumbrado público son inversión pública y tienen un impacto directo en la economía del departamento”, sostuvo.

En relación a la situación laboral, indicó que actualmente existen cerca de 70 mil personas desocupadas y planteó el debate sobre la calidad del empleo en Uruguay.

“Los últimos datos de la ronda de Consejos de Salarios indican que 600 mil uruguayos ganan menos de 25 mil pesos. Es muy poca calidad de vida si lo comparamos con la inflación y el poder adquisitivo”, señaló.

También cuestionó la postura de las cámaras empresariales durante la actual negociación salarial.

“La Cámara de Industrias y la Cámara de la Construcción denunciaron a Uruguay ante la OIT y plantearon que el país integre una lista negra. Eso no nos lo merecemos”, expresó.

Según indicó, el conflicto surge a partir de temas vinculados a mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y libertades sindicales.

“Es complejo hablar de diálogo y negociación cuando algunos sectores siguen parados en el siglo pasado”, afirmó.

Consultado sobre la situación de las inversiones en Uruguay, Sánchez sostuvo que todavía no comenzaron varias de las obras anunciadas.

“Se generó una expectativa con el túnel de 18 de Julio y finalmente terminó siendo una mejora menor. Para la gente que está sin trabajo eso genera frustración”, indicó.

También mencionó proyectos de saneamiento en Ciudad de la Costa y otras inversiones vinculadas a viviendas promovidas.

Sobre este último punto, explicó que las viviendas promovidas generan empleo, aunque no tienen el mismo impacto que las grandes obras de infraestructura.

“Son obras con menos personal y menos tiempo de trabajo. No tienen el mismo impacto que otras grandes inversiones, especialmente para los departamentos del interior”, señaló.

Sánchez indicó que actualmente existen departamentos con situaciones complejas en materia laboral y sostuvo que hay expectativa por la definición de la Rendición de Cuentas, el diálogo social y los Consejos de Salarios.

Durante la entrevista también fue consultado sobre la propuesta de aplicar un impuesto del 1% a los sectores de mayor riqueza.

A su entender, Uruguay necesita discutir una nueva reforma tributaria.

“El campo popular y la clase obrera cargan con mucho peso de impuestos”, afirmó.

Según explicó, la propuesta apunta a gravar patrimonios superiores al millón de dólares.

“No estamos hablando de las cuentas de los trabajadores. Estamos hablando de sectores que están en condiciones de aportar más”, sostuvo.

Sánchez consideró que el esfuerzo solicitado a esos sectores es menor en comparación con el realizado por la mayoría de la población.

Asimismo, vinculó la discusión tributaria con la situación de las jubilaciones más bajas y el financiamiento del sistema de seguridad social.

“Tuvimos una primera experiencia con el plebiscito y ahora un segundo capítulo con el diálogo social”, señaló.

También cuestionó presiones de sectores vinculados a las AFAP luego de la discusión sobre seguridad social.

“Apenas terminó el diálogo social aparecieron presiones económicas y políticas”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que una mayor contribución de los sectores de mayores ingresos permitiría fortalecer la financiación del BPS y la inversión pública.

“Si todos hacemos un esfuerzo más, se puede mejorar no solo la financiación del BPS y la seguridad social, sino también el resto de la inversión pública”, concluyó.