El dirigente del Frente Amplio cuestionó las medidas de la Intendencia de Durazno que frenaron la instalación de una planta fotovoltaica en Baygorria. Señaló inconsistencias en un supuesto proyecto alternativo y advirtió sobre sus consecuencias.

Desarrollo …de Baygorria, se trasladaba la inversión a Río Negro por una medida precautoria tomada por la Intendencia de Durazno.

A la ministra le consultábamos si eso era cierto. Yo iba viajando hacia Tacuarembó y en ese momento me llama y me dice: “Sí, es así”.

Habíamos visto una resolución de la Intendencia sobre el inicio del Plan de Ordenamiento Territorial de Baygorria, pero no habíamos pensado que tuviera consecuencias tan negativas.

Confirmado esto, y sabiendo que la intención de UTE es continuar con el plan, solicitamos una reunión. También el compañero Claudio González, de la bancada del Frente Amplio, se comunicó con ella y finalmente se concretó el encuentro el pasado lunes.

Participamos nosotros dos, junto a Conrado Torena, Javier Niche y Miguel Grillo, todos integrantes de la bancada del Frente Amplio. La ministra estuvo aproximadamente dos horas y también participó el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor.

Esto hay que contextualizarlo, porque no es un detalle menor.

El Gobierno Nacional tiene urgencia por generar energía renovable fotovoltaica y plantea alcanzar 600 megavatios antes de fin de año. En el último gobierno del Frente Amplio estaba previsto un proyecto de 25 megavatios en San José.

En el gobierno anterior, en el que el actual intendente integró el directorio de UTE durante cuatro años, no se logró satisfacer esas necesidades. Por eso se plantea ahora llegar a esos 600 megavatios mediante la construcción de cuatro plantas: en Cerro Largo (75 megavatios), en Durazno (30), en Río Negro (30) y en Salto (50), sumando un total de 185 megavatios.

Las plantas de Cerro Largo y Durazno fueron anunciadas en marzo, y hace pocos días comenzó la obra en Cerro Largo. En ese período surge un elemento llamativo.

Aparece un proyecto que no es público, que no ha sido visto ni por los ediles, ni por la ministra, ni por el directorio de UTE: un supuesto polo turístico en Baygorria que, en caso de existir, estaba inactivo y reaparece justo cuando se anuncia la instalación de la planta.

La planta prevista es de 30 megavatios, con una inversión de 30 millones de dólares y un plazo estimado de 18 meses.

No se puede instalar una planta fotovoltaica en cualquier lugar. El sitio ya está definido porque cuenta con permisos, autorizaciones y conexión al nodo eléctrico de Baygorria.

Además, se trata de una zona estratégica: la represa de Baygorria es una de las principales generadoras de energía del país y abastece a gran parte de la población.

No es viable plantear, sin fundamentos claros, un desarrollo turístico en ese entorno.

El caso de Palmar es distinto: allí UTE cedió viviendas a la Intendencia, que luego las licitó a privados, generando desarrollo turístico sin interferir con la operativa energética.

Aquí el problema surge cuando, con el proceso de licitación ya en marcha, la Intendencia no solo adopta medidas cautelares, sino que continúa avanzando a pesar del recurso administrativo presentado por UTE.

No está improvisando, porque esta idea viene desde hace tiempo. Incluso llegó al presidente Orsi para solicitarle que frenara el proyecto.

Si realmente se busca un cambio, debe presentarse un proyecto serio. Sin embargo, se habla de un proyecto que no existe públicamente ni ha sido presentado.

Se menciona una consultoría por la que UTE habría invertido 125 mil dólares. Incluso en la resolución de la Intendencia se hace referencia a una consultoría de 2024 incluida en un convenio con MEVIR de 2022, lo que resulta contradictorio.

Ese mismo día conversamos con el presidente de MEVIR, Andrés Lima. Señaló que en este período no hubo diálogo con el intendente y que, si se pretende incluir a MEVIR en un proyecto, lo mínimo es comunicarlo.

Luego de consultar, explicó que el convenio entre UTE y MEVIR de 2022 establecía un plazo de dos años para elaborar un nuevo acuerdo con definiciones concretas. Ese convenio venció en 2024, y en 2023 hubo un intento de proyecto que no se concretó.

Por lo tanto, el proyecto mencionado no es público, no cuenta con respaldo institucional ni fue validado en su momento.

Además, se creó recientemente una división de ordenamiento territorial con carácter urgente para atender el plan local de Durazno, que venció en 2024. Ese proceso fue aprobado sin objeciones, dada su necesidad.

Sin embargo, en la misma resolución se establece que ese equipo será destinado al estudio del ordenamiento territorial de Baygorria, algo que nunca fue planteado durante la discusión presupuestal.

No existe una intención de impedir el desarrollo de Baygorria. UTE ha cedido espacios en otros lugares, como Palmar o Rincón del Bonete, para iniciativas turísticas.

Pero los planteos deben hacerse con seriedad y en los tiempos adecuados.

El problema actual es que las medidas precautorias adoptadas por el intendente impiden la instalación de la planta fotovoltaica en ese lugar.