Desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, Rosana Medina analizó el concepto de violencia institucional de género, señalando problemas de articulación entre organismos, omisiones en los servicios y la necesidad de fortalecer una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas.
Antes de contarles específicamente qué es la violencia institucional de género, me parece importante resaltar el rol y la función de la Institución Nacional de Derechos Humanos como un órgano de colaboración y contralor de los organismos públicos, para que efectivamente el Estado logre garantizar derechos. Garantizar los derechos humanos implica que las personas, a diario, puedan gozar de los distintos tipos de derechos que tenemos.
En ese rol de colaboración y contralor que tenemos como institución, desde la unidad especializada de género estamos trabajando con otras instituciones en lo que también implica fortalecer la institucionalidad de género a nivel del país. Como parte de lo que la audiencia sabrá, los organismos públicos tienen la obligación de contar con oficinas de género para que esas oficinas logren que, en sus instituciones, todas las funciones que se cumplen tengan una mirada de género.
¿Por qué es necesaria esta mirada de género? Trabajar en una perspectiva de derechos humanos implica trabajar desde el principio de igualdad.
Trabajar desde la igualdad implica reconocer que las políticas públicas y las situaciones de vida afectan en forma diferencial a hombres y mujeres. La perspectiva de género implica analizar estos impactos y cómo determinadas situaciones afectan más a unas personas que a otras por diferentes vulnerabilidades que las personas tenemos. Entonces, para prevenir violencias institucionales, nosotros tenemos que partir del reconocimiento de estas desigualdades estructurales.
Si obviamos la existencia de estas barreras, de estas dificultades, seguramente estemos generando respuestas ineficaces y, por lo tanto, que generan una vulneración.
Muchas veces, en situaciones de violencia institucional, podemos estar ante acciones u omisiones. Las acciones pueden estar vinculadas, por ejemplo —voy a poner algunos casos más leves—, con denegar información. En la jornada trabajábamos sobre un caso donde a una mujer que había sido atendida por un servicio de violencia en su prestador de salud, le exigían, para obtener un informe, una orden judicial.
Eso puede constituir una forma de violencia institucional, en la medida en que las personas somos dueñas de nuestra historia clínica. Los prestadores y el personal de salud tienen la obligación del registro en la historia clínica y, por lo tanto, la posibilidad de acceder a esa información. Entonces, esas son prácticas que a veces hacen a una demora injustificada, a una dificultad en el procedimiento que esa persona tiene que seguir para la defensa de sus derechos.
Tenemos situaciones a diario que se plantean muy graves y donde existen, en los distintos organismos, dificultades que hacen a la respuesta ineficaz.
La institución tiene dentro de sus facultades investigar presuntas vulneraciones de derechos humanos y, dentro de esas investigaciones, lo que está mirando es la respuesta de uno o más organismos del Estado. Nosotros no estamos trabajando con la situación individual, sino con la respuesta del Estado. En esas investigaciones tenemos varias resoluciones que señalan esta dificultad y otras que hacen a una respuesta ineficaz y vulneratoria de derechos.
Un primer punto, que es algo que hemos señalado en muchas resoluciones, es la falla en la articulación de los distintos organismos. Sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de violencia basada en género, la respuesta —porque así lo establece la ley— es de un sistema interinstitucional.
Cuando esa interinstitucionalidad muchas veces recae en la información que la persona puede trasladar de una institución a otra, no se da una articulación efectiva y, por lo tanto, la respuesta falla. No únicamente porque hay un actor que falla, sino porque el conjunto no funciona en forma adecuada. Eso ha sido señalado en distintas resoluciones.
No podría decir que un organismo o un sector tiene mayores debilidades, porque incluso podemos decir que, en situaciones de violencia en las que han existido denuncias, la protección no llegó a tiempo, pero también existen muchas situaciones que no se detectan a tiempo. Ahí, el rol de la salud y la educación son fundamentales.
Entonces, decir que un sector tiene más dificultades que otro no sería del todo adecuado.
Otro componente de situaciones de violencia institucional, que muchas veces se da, es por omisión. Esto tiene que ver con la estructura y los servicios que el Estado organiza. Por ejemplo, una situación frecuente es que a veces se crea un servicio con capacidad para 20 personas y la demanda es de 100.
Ahí tenemos una omisión porque no hay un servicio efectivo para dar respuesta.
En materia de violencia basada en género, un rol importante lo cumplen las comisiones departamentales, donde participan representantes de distintos organismos para que los casos puedan recibir una respuesta adecuada. Algunas de estas comisiones, por ejemplo en el caso de Durazno, estaban retomando sus funciones en el último tiempo.
Esos espacios deben mejorarse en su funcionamiento y en su efectividad.
Me gustaría resaltar que este taller fue parte de un acuerdo con la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes, a partir de las distintas oficinas que los gobiernos departamentales tienen, para identificar situaciones. Muchas veces hablamos de servicios vinculados a violencia basada en género, pero la respuesta institucional también puede ser omisa en otros tipos de servicios con connotación vinculada al género y al ser mujer.
Este taller es parte de ese acuerdo con la Comisión Interdepartamental de Género, que es un espacio necesario para que los distintos gobiernos departamentales puedan aprovechar experiencias de otros y compartir cuáles son las dificultades.
